Cada año, Chile celebra el Día del Niño con festejos y buenas intenciones durante agosto. Sin embargo, la vulneración de la infancia reabre un debate de fondo: ¿a qué niñez se está resguardando? Según el Censo 2024, los menores migrantes representan un 6,3% de la población infantil. Este grupo parece estar cada vez más expuesto brechas de protección e inclusión social.
Ante este escenario, el Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho (LIACDD) analizó más de 1.400 causas de violencia intrafamiliar (VIF) contra niños, niñas y adolescentes (NNA) tramitadas por la Clínica Jurídica de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae para responder cómo ha operado la protección de menores migrantes en el país.
La investigación recopiló datos entre 2018 y 2024 para abordar la situación de la infancia migrante en Chile a partir de expedientes de medidas de protección en tribunales. Esto ofrece una perspectiva basada en evidencia empírica directa sobre las brechas de protección del Estado. El estudio, elaborado por las investigadoras de LIACDD, Ángela Arenas y Teresa Ortega, contrasta las estadísticas de población general con la realidad de los procesos judiciales que enfrentan NNA que han cruzado las fronteras chilenas.
La niñez migrante y pobreza infantil en Chile
Según las autoras, los datos del Censo 2024 indican que en Chile residen 4.493.995 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 313.539 (6,3%) son migrantes. Asimismo, antecedentes de UNICEF revelan que el 40,4% de los niños migrantes vive en pobreza multidimensional —frente al 22,5% del promedio nacional— y un 38,5% enfrenta pobreza por ingresos.
Las principales nacionalidades de los menores migrantes dentro del grupo de 0 a 19 años corresponden a Venezuela (43,7%), Bolivia (13,3%), Perú (10,7%), Colombia (10,5%) y Haití (4,8%). Sin embargo, las académicas enfatizan que las cifras agregadas son insuficientes para dimensionar el problema en el ámbito de la protección de derechos:
“Esas cifras agregadas no bastan para entender qué ocurre cuando la vulneración ya ocurrió y el caso llega a tribunales. Por eso, analizamos causas judiciales sobre medidas de protección que muestran el fenómeno desde otro ángulo: el expediente, no la encuesta”, explicaron Arenas y Ortega.
Menores migrantes en tribunales de familia: sobrerrepresentación, redes monoparentales y distintos tipos de violencia
El estudio revela que los menores extranjeros representan cerca de un 10% del total de las causas de protección revisadas. Esto demuestra una clara sobrerrepresentación de la niñez migrante en el sistema judicial de protección en comparación con su peso demográfico (6,3%).
El patrón de vulneración más frecuente detectado en las causas judiciales combina el maltrato físico (42,%) y psicológico (36%) con la presencia del menor como testigo de violencia intrafamiliar (33%). Esta dinámica es similar a la observada en causas de niños chilenos.
Asimismo, se identifican que en más del 60% de los expedientes la madre es la única adulta a cargo. Esto permite dar visibilidad a la fragilidad de las redes de apoyo. “Buena parte de esta niñez crece sostenida por redes monoparentales, sin la protección social de un hogar biparental o con arraigo institucional”, afirmaron las investigadoras.
Las causas judiciales analizadas se concentran principalmente en comunas con altos índices de hacinamiento y precariedad habitacional. Así, el mayo Santiago (20%), Estación Central (16%) y Quilicura (12%). Según el análisis del LIACDD, la judicialización de las vulneraciones no es aleatoria, sino que guarda relación directa con el mapa de la exclusión residencial urbana.
Brechas en el seguimiento institucional de menores migrantes
El estudio del LIACDD contextualizó además hechos recientes, como el reportado por Contraloría respecto al ingreso de niños de nacionalidad haitiana en vuelos chárter. Esto se dio bajo la figura de reunificación familiar, en varios casos acompañados por adultos sin vínculo de parentesco verificado y de quienes el Estado perdió temporalmente el rastro.
A juicio de las autoras, este tipo de episodios refleja vacíos estructurales que la investigación de la Universidad Finis Terrae ya venía observando. “El episodio expuso con crudeza lo que nuestros propios datos judiciales ya insinuaban. La ausencia de mecanismos de seguimiento activo para la niñez migrante, especialmente de origen haitiano, uno de los colectivos con menor arraigo institucional y mayor invisibilidad estadística dentro del sistema de protección”, advirtieron.
Desafíos para la política pública y la protección efectiva de la niñez
“Que un niño migrante tenga más probabilidades de terminar en tribunales de familia —o perderse de la vista del Estado— que en una plaza jugando, no es un dato menor para un día como hoy“, acotaron Arenas y Ortega. Así y a propósito de las reflexiones que genera el Día del Niño, las investigadoras llamaron a reevaluar la capacidad de respuesta del Estado.
A juicio de las integrantes de LIACDD, se debe buscar cómo atender, desde la institucionalidad en salud, educación, migración, protección judicial, las necesidades del menor en movilidad de manera efectiva y no solo a partir de promedios estadísticos. “Desde la investigación jurídica aportamos evidencia; a la política pública corresponde transformarla en protección efectiva”, concluyeron Ángela Arenas y Teresa Ortega.