La profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Ángela Arenas Massa, fue consultada por Emol sobre la decisión de la Corte Suprema de remover a 11 jueces por mal uso de licencias médicas.
El proceso comenzó con 58 cuadernos de remoción y posteriormente se redujo a 37 casos. Tras las votaciones del pleno, 11 magistrados fueron removidos, mientras otros casos terminaron rechazados, sin quórum o empatados.
A partir de esos resultados, la profesora Arenas calificó lo ocurrido como una “señal ambivalente”. A su juicio, la cantidad de remociones mostró que la Corte Suprema podía ejercer con firmeza sus atribuciones disciplinarias, pero también dejó en evidencia diferencias importantes al resolver situaciones similares.
En ese sentido, la académica explicó que “once remociones en un solo proceso es históricamente inédito y demuestra que sí era posible actuar con firmeza cuando la Corte Suprema ejercía directamente su potestad disciplinaria. Pero el mismo resultado revela el problema de fondo: ante conductas fácticamente similares, el pleno llegó a conclusiones radicalmente distintas”.
Remoción de jueces y criterios disciplinarios
La profesora puso especial atención en la falta de criterios comunes para determinar las sanciones.
Por ello, sostuvo que “once removidos, quince rechazados por mayoría, siete sin quórum y cuatro empates, no es coherencia institucional, es discrecionalidad”. Además, planteó la necesidad de establecer reglas que permitan graduar las sanciones según la gravedad de cada caso.
Para la académica, mientras no exista un protocolo común, las decisiones pueden quedar demasiado condicionadas por la integración circunstancial del pleno. Por ello, calificó el resultado como “un avance real, pero no un punto de llegada”.
La profesora también abordó el efecto de este proceso sobre el liderazgo de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
La docente, sostuvo que su conducción quedó “consolidada”, aunque advirtió que el conflicto con el Tribunal Constitucional todavía puede incidir en el resultado de algunos expedientes.
En ese escenario, la académica volvió a poner el énfasis en la necesidad de reglas estables. Según explicó, sin criterios escritos y permanentes, futuros procesos disciplinarios podrían depender nuevamente de quién integre o presida la Corte, en lugar de una norma común para todos los casos.
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