El profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Rodrigo Poyanco Bugueño, argumentó ante el Tribunal Constitucional en contra de la inconstitucionalidad del requisito de buena conducta para jurar como abogado ante la Corte Suprema.
La instancia abordó la constitucionalidad del artículo 523 N.° 4 del Código Orgánico de Tribunales, disposición que contempla la “buena conducta” entre los requisitos que deben acreditar quienes buscan obtener el título de abogado.
Durante su intervención, el profesor Poyanco defendió la norma y sostuvo que el carácter abierto de ese concepto no constituye, por sí solo, una razón suficiente para eliminarlo del ordenamiento jurídico.
“El hecho de que un concepto sea indeterminado, vago, técnicamente mal diseñado, no lo convierte necesariamente en un concepto inconstitucional”, afirmó el académico de Derecho.
Buena conducta y conceptos jurídicos indeterminados
El profesor explicó que la Constitución y distintas leyes utilizan conceptos que requieren interpretación al momento de aplicarlos. Entre los ejemplos mencionó el “buen comportamiento”, la probidad y otros parámetros que no cuentan con una definición completamente cerrada.
En ese sentido, sostuvo que “la indeterminación del concepto de buena conducta no es una causal en sí misma para justificar la expulsión de esta norma del ordenamiento jurídico”.

El profesor Poyanco también recurrió a jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional vinculada con el concepto de “buen comportamiento” de los jueces. A partir de esos antecedentes, señaló que los tribunales pueden precisar el alcance de determinadas expresiones jurídicas mediante su aplicación a casos concretos.
“Parece que sí es posible rellenar un concepto de este tipo, ni siquiera con legislación, sino que con la actividad de los jueces que lo aplican”, planteó.
El profesor agregó que la Corte Suprema posee una posición especialmente relevante para realizar esa labor, debido a su conocimiento de los parámetros legales y éticos vinculados con el ejercicio de la abogacía.
Regulación ética de los abogados
Otro de los puntos abordados por Poyanco fue la diferencia entre quienes postulan al título y aquellos abogados que ya ejercen la profesión.
Mientras los primeros deben acreditar buena conducta, el académico explicó que el problema respecto de los profesionales titulados responde a una discusión más amplia sobre el sistema de control ético vigente.
“El problema no es del 523 N° 4, el problema es de la regulación ética de los abogados”, sostuvo el académico.
A su juicio, una eventual diferencia entre ambos grupos no necesariamente debe resolverse disminuyendo las exigencias. Según expresó durante la audiencia, los criterios de igualdad “no requieren necesariamente nivelar hacia la menor exigencia, también se puede nivelar hacia la mayor”.
Asimismo, el profesor Poyanco también abordó la relación entre esta exigencia y la libertad de trabajo, además del uso de parámetros de naturaleza moral dentro del propio ordenamiento constitucional.

El académico concluyó vinculando esta discusión con la formación de los futuros profesionales. “Este es el sentimiento que nuestra Facultad quiere transmitir a nuestros alumnos y futuros abogados”, señaló al referirse a la responsabilidad y valoración de la profesión jurídica.
Por estas razones, el académico manifestó ante el Tribunal Constitucional la posición de Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae favorable a mantener la constitucionalidad del artículo 523 N.° 4 del Código Orgánico de Tribunales.