Patricio Santos, académico de la Facultad de Derecho y subdirector del Centro de Seguridad Integral de la Universidad Finis Terrae, en una columna de opinión, publicada en Bio Bio Chile, analizó el velorio simbólico realizado en Quilicura, que terminó con fuegos artificiales, ráfagas de disparos y un vehículo incendiado.
Luego de estos hechos ocurridos en las afueras del Servicio Médico Legal (SML), el profesor fue enfático al señalar que “no hubo sepultura, pero si una entidad criminal que exhibía pertenencia, fuerza y control territorial”.
Asimismo, la alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla, pidió copamiento policial, a lo que el ministro de Seguridad, Martin Arrau, respondió con que dicha instancia no se consideraba un funeral de alto riesgo. Por lo anterior, el académico explicó que “la angustia de la comunidad, la demanda de la autoridad local y la respuesta del Gobierno, influyeron en un problema que supera ampliamente una respuesta procedimental”.
“¿Por qué no operó la ley?”
Según el subdirector del Centro de Seguridad Integral, lo ocurrido lleva a preguntarse “¿por qué no operó la ley?” y es que, Quilicura es la representación de creer que toda conducta puede quedar encerrada dentro de una norma, explicó el profesor.
En esa línea, recordó el rol de las fuerzas armadas, como Carabineros cuando en 2019 Carabineros aplicaba matrices de riesgo y protocolos interagenciales. Entre mayo de ese año y diciembre del 2024, se registraron cerca de 2.300 funerales de alto riesgo, y según el académico, “la intención sirve, pero no resuelve el fenómeno de fondo”.
Por otro lado, el profesor Santos, analizó el rol de las municipalidades durante los funerales de alto riesgo, expresando que el rol de estas no es convertirse en policías, sino que deben cuidar el entorno donde la preocupación debe estar en la infancia, recuperación urbana y seguridad.
Sobre este punto, aclaró que “renunciar a la primera escalera significa abandonar la calle ceder espacio a los grupos delictivos (…) renunciar a la segunda nos condena a ocuparnos de su efectos”.
Así, el docente de la Facultad, señaló que lo ocurrido en Quilicura, es una advertencia para la municipalidad, puesto que si esperan otros cinco años para intervenir las causas de los funerales de alto riesgo, volverán a llegar con una norma nueva frente a un problema que ya cambió.