El caso Edenred y Pluxee por presunta colusión fue el tema abordado por Felipe Bravo, académico de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae en entrevista con Radio Pauta. El docente analizó la acusación presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y explicó las implicancias que tendría para el mercado de vales de alimentación.
La FNE acusó a ambas empresas de haberse repartido el mercado entre 2013 y 2021. Dicha práctica habría afectado la competencia en un sector donde participan instituciones privadas y organismos públicos.
El caso Edenred y Pluxee y sus efectos en el mercado
El profesor Bravo explicó que los acuerdos colusorios constituyen una de las infracciones más graves en materia de libre competencia. Esto se debe a que eliminan la rivalidad entre empresas y alteran las condiciones normales del mercado.
“Siempre un caso de colusión es el atentado más grave a la competencia”, afirmó el académico. Además, destacó que este tipo de conductas afecta directamente a quienes contratan los servicios involucrados.
El docente señaló que la investigación del caso Edenred y Pluxee adquiere una relevancia adicional porque los vales de alimentación no solo son utilizados por empresas privadas. También forman parte de contrataciones realizadas por organismos públicos. En ese contexto, sostuvo que el caso podría considerarse especialmente grave debido al impacto que habría tenido durante varios años sobre instituciones de distintos sectores.
Además, comentó que los antecedentes recopilados por la Fiscalía dan cuenta de mecanismos destinados a ocultar el supuesto acuerdo. Entre ellos, mencionó reuniones reservadas y el uso de teléfonos prepago para evitar registros de las comunicaciones.
Delación compensada y posibles consecuencias legales
Durante la entrevista, el profesor Bravo también abordó la delación compensada utilizada en este caso. A su juicio, esta herramienta resulta fundamental para detectar conductas que, por su naturaleza, suelen desarrollarse lejos del conocimiento público.
“El problema de las colusiones es que están todos los incentivos para que nadie sepa”, sostuvo el académico. Esto, referido a las dificultades que enfrentan las autoridades para descubrir este tipo de acuerdos. El docente indicó que precisamente por esa razón los sistemas de libre competencia contemplan mecanismos que incentivan la colaboración de quienes participan en estas prácticas.
Asimismo, recordó que parte de las conductas investigadas se habrían extendido después de 2016, año en que la colusión volvió a sancionarse penalmente en Chile. Por ello, señaló que el caso podría abrir un debate sobre eventuales responsabilidades penales en etapas posteriores del proceso.
Finalmente, el profesor Felipe Bravo destacó la importancia de perseguir estas conductas para resguardar la libre competencia y fortalecer la confianza en los mercados, especialmente cuando las prácticas investigadas podrían haber afectado recursos públicos y privados durante un período prolongado.