El conversatorio reunió a representantes de las facultades de Derecho, Ingeniería y Economía y Negocios para analizar las implicancias jurídicas, técnicas y empresariales de un nuevo marco regulatorio que eleva las exigencias para las organizaciones que gestionan información personal.
La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales abre un escenario de importantes desafíos para las organizaciones, que deberán fortalecer sus capacidades jurídicas, tecnológicas y de gestión para responder a las nuevas exigencias. Esta materia fue abordada este jueves 10 de septiembre en un conversatorio de la Universidad Finis Terrae que reunió las perspectivas del Derecho, la Ingeniería y los negocios.
La instancia contó con la participación de la decana de la Facultad de Ingeniería, Angélica Urrutia; el decano de la Facultad de Economía y Negocios, Miguel Ángel Vargas; el decano de la Facultad de Derecho, Ricardo Jungmann Davies; y la académica Ángela Arenas Massa, directora del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho (LIACDD). La actividad fue moderada por Betty Martínez-Cárdenas, profesora investigadora de la Línea de Investigación en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho.
Una nueva cultura de cumplimiento
Para Ricardo Jungmann Davies, el nuevo escenario regulatorio también representa un desafío para la formación de los futuros profesionales, particularmente frente a la convergencia entre innovación, inteligencia artificial y protección de datos.
“Uno de los ejes que hemos trazado en la Facultad de Derecho es hacernos cargo de la innovación, entendiendo este desafío tanto a futuro como en el presente. La entrada en vigencia de normativas como esta exige entregar a nuestros estudiantes una formación diferenciada, capacitándolos en innovación, inteligencia artificial y protección de datos. El objetivo es dotarlos de herramientas para que el día de mañana, en el sector público o privado, puedan prevenir, detectar y corregir oportunamente eventuales infracciones, instalando así una sólida cultura de cumplimiento”.
El decano de la Facultad de Derecho también planteó que uno de los principales desafíos se encuentra en extender esta cultura al conjunto del sector productivo. “A nivel país se observan avances, principalmente en grandes empresas, pero aún queda un largo camino por recorrer, en especial entre las pequeñas y medianas empresas”.
En este contexto, sostuvo que el cumplimiento de la normativa trasciende la dimensión administrativa y se relaciona directamente con el reconocimiento de los derechos de las personas sobre su propia información, incluyendo ámbitos como la salud y los datos biométricos.
Trazabilidad: el desafío técnico
Desde la perspectiva de la Ingeniería, uno de los aspectos centrales será la capacidad de las organizaciones para conocer y controlar el recorrido de los datos que administran. La decana Angélica Urrutia destacó que los equipos tecnológicos deberán responder a mayores exigencias de registro y control.
“Los equipos de tecnología deben aplicar todo su conocimiento para adecuarse a las exigencias normativas. A partir de ahora es imperativo registrar con exactitud cuándo ingresa un dato, cuándo se modifica, quién lo consulta y qué información específica revisa”.
La trazabilidad del dato y los mecanismos de control de acceso adquieren así una relevancia crítica para las organizaciones, especialmente ante eventuales procesos de auditoría. “La trazabilidad completa del dato será exigible, pues ante una auditoría se evaluará si la organización resguarda debidamente la información que el usuario consintió entregar. Bajo ese prisma, la trazabilidad técnica y los mecanismos de control de acceso cobran un valor crítico”.
La académica también situó la protección de datos como un debate que trasciende el ámbito técnico y normativo, al involucrar directamente la privacidad y los derechos de las personas. “Hoy es un debate ineludible. Nadie está de acuerdo con recibir llamadas invasivas o con que su información personal circule sin control”.
Adaptación empresarial y oportunidades
Para las empresas, la adecuación al nuevo marco legal supone articular distintas capacidades. Miguel Ángel Vargas sostuvo que la implementación tecnológica, la comprensión de las obligaciones legales y la identificación de oportunidades vinculadas al comercio internacional requieren recursos y conocimientos en distintas áreas.
“La implementación tecnológica, la comprensión de las implicancias legales y la identificación de oportunidades de comercio internacional que se abren o cierran requieren capacidades financieras, técnicas y jurídicas”.
El decano de la Facultad de Economía y Negocios advirtió que las diferencias de recursos y experiencia entre organizaciones podrían marcar distintos niveles de preparación frente a las nuevas exigencias. Al mismo tiempo, planteó que la adaptación puede convertirse en una ventaja para las compañías que alcancen estándares adecuados de protección de datos.
“Aquellas organizaciones con mayor trayectoria y recursos estarán mejor preparadas para enfrentar las exigencias de esta ley, mientras que otras quedarán rezagadas. Las compañías que logren adaptarse no solo competirán con solidez en el mercado nacional, sino que estarán en condiciones de acceder a mercados internacionales, los cuales exigen altos estándares en protección de datos como requisito de entrada”.
Los tres decanos participantes del conversatorio coincidieron en el rol de la universidad como espacio para reflexionar, respecto de los fenómenos que impactan en la sociedad y en la vida de las personas, a lo que el decano Vargas, añadió: “Frente a una normativa de este calibre, nuestro deber institucional es involucrarnos de lleno: analizar, proponer ideas y abrir espacios de diálogo sobre materias que inciden directamente en el bienestar de la sociedad.
