El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Felipe Bravo, analizó en una columna publicada en La Tercera el debate en torno a la invariabilidad tributaria incluida en el Plan de Reconstrucción Nacional.
El también investigador del Centro de Impacto Regulatorio en la Competencia Académica (CIRCE), abordó los cuestionamientos sobre una eventual inconstitucionalidad de la medida. En su análisis, planteó que la discusión debe centrarse en el mérito y diseño legislativo de la propuesta.
Uno de los principales reparos apunta a que la norma podría limitar la capacidad de futuros gobiernos y congresos para modificar el régimen tributario. Frente a este argumento, el profesor sostuvo que esa interpretación desconoce el alcance de la soberanía del Estado.
En ese sentido, el académico explicó que “la soberanía es el poder de autodeterminación del Estado, y su mayor demostración reside en la capacidad de autolimitarse”. Además, señaló que el legislador puede asumir compromisos mediante la ley sin que ello implique, por sí solo, una infracción constitucional.
Invariabilidad tributaria y certeza para la inversión
El profesor también abordó los posibles efectos de la invariabilidad tributaria sobre la inversión. Según explicó, la estabilidad normativa puede entregar mayor certeza, especialmente en proyectos de largo plazo.
Sin embargo, el académico advirtió que una regulación demasiado amplia también puede generar dificultades. En esa línea, sostuvo que la incertidumbre para los inversionistas no proviene únicamente de los cambios legales, sino también de la forma en que se interpretan las normas tributarias.
El docente explicó que “la literatura muestra que la principal incertidumbre que afecta a la inversión es la falta de certeza y estabilidad en la interpretación de la ley tributaria”. A partir de ello, destacó que el proyecto busca abordar ese problema al extender la invariabilidad a la normativa administrativa del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Por otra parte, el profesor advirtió que una regulación demasiado extensa podría beneficiar inversiones que igualmente se habrían concretado. Esto, según su análisis, podría transformarse en un subsidio implícito para algunos contribuyentes y limitar de manera innecesaria la política fiscal futura.
Para el académico, estas observaciones corresponden al diseño y alcance de la propuesta. Por ello, sostuvo que el Congreso debe abordar estos aspectos durante la tramitación legislativa, en lugar de trasladar la discusión sobre el mérito de la medida al Tribunal Constitucional.