En plena discusión parlamentaria en el Congreso por el Proyecto de Presupuesto 2027 para la Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, Rector de la Universidad Finis Terrae, en representación de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) expuso su visión respecto a la distribución de los fondos públicos en el sistema universitario.
En ese sentido, el ex subsecretario de Educación Superior manifestó sus puntos sobre el impacto que tendría la brecha de financiamiento estatal si se mantiene en el proyecto del Ejecutivo. Por lo mismo, su intención fue “hacer ver que esta no es una defensa de las universidades privadas como instituciones, sino una defensa de la equidad que merece cualquier estudiante en Chile, independientemente de la universidad que haya elegido para desplegar sus capacidades”.
Luego de analizar la situación actual del sistema universitario, argumentó respecto a las consecuencias negativas que genera la diferencia de trato del Estado y el efecto directo que esto produce en la formación de los jóvenes.
“No planteamos este debate como un tema de ideologías o disputas entre sectores. La discusión presupuestaria debe centrarse en corregir una diferencia de trato objetiva y en las implicancias directas que esto tiene en los estudiantes y en su futuro profesional”, declaró Vargas, llamando a abordar el tema con rigor técnico y criterio de justicia.
«Hoy las universidades privadas concentran cerca del 46% de los estudiantes universitarios del país. Al nuevo Gobierno le pedimos que el Estado mida y apoye a todos los estudiantes con la misma vara, permitiendo que quienes estudian en nuestras aulas cuenten con los recursos necesarios para profundizar al máximo su formación», comenzó diciendo Vargas.
El Rector de la U. Finis Terrae también cuestionó la asimetría entre las exigencias regulatorias y el apoyo económico estatal: «Las universidades privadas nos sometemos exactamente a las mismas exigencias de acreditación, transparencia, gobernanza y calidad que las universidades tradicionales. Sin embargo, el financiamiento estatal no acompaña esa misma vara de exigencia hacia el alumno. No existe ninguna justificación técnica ni de calidad; esta diferencia responde a un recelo histórico hacia la presencia de privados en la educación pública y a la errada creencia de que lo estatal es el único sinónimo de excelencia».
En esa línea, sostuvo que el debate presupuestario es la oportunidad para corregir una brecha histórica acumulada: “Entre 2022 y 2026, los escasos fondos institucionales a los que pueden postular las universidades privadas cayeron un 47%, pasando de $21.581 millones a $11.506 millones, mientras los aportes basales a las tradicionales crecieron un 16% superando los $517.000 millones anuales. Esta brecha acumulada termina afectando directamente la infraestructura, los laboratorios y el cuerpo docente al que acceden nuestros estudiantes”.
Respecto a la reducción del 27% en el aporte basal de investigación para las universidades privadas adscritas a la Gratuidad, mencionó que “quitar recursos de investigación a universidades en gratuidad impacta directamente en la calidad docente, limita la participación de los alumnos en proyectos de frontera y arriesga el cierre de centros de estudio donde se forman profesionales e investigadores”. Asimismo, advirtió sobre la caída del 8% en el Fondo de Desarrollo Institucional (FDI): “Mantiene la presión sobre los fondos destinados a innovación académica, tecnologías para el aprendizaje y servicios directos al estudiante, profundizando la asfixia a proyectos que van en directo beneficio formativo”.
Pese a los cuestionamientos, el Rector valoró positivamente el mecanismo de mayor competencia propuesto para el próximo ejercicio presupuestario: “Se valora positivamente que el Proyecto de Ley 2027 promueva que las universidades del G9 deban competir conjuntamente con las IES privadas por los recursos públicos. Competir con la misma vara asegura que los fondos del Estado se asignen por mérito y calidad técnica, beneficiando a las instituciones que entreguen las mejores soluciones y proyectos formativos para sus estudiantes”.
“Se asfixia financieramente a instituciones que hacen un aporte público indiscutible, forzando límites de sostenibilidad que podrían incluso empujar a algunas universidades a replantearse su continuidad”, sentenció el Rector, pidiendo a los parlamentarios un compromiso real con la equidad para todo el estudiantado del país.