El profesor Alejandro Montt, docente del curso Régimen Legal de los Derechos Naturales de la Facultad de Derecho de Universidad Finis Terrae, analizó en Diario Constitucional los límites del control judicial sobre decisiones administrativas en materia ambiental. El académico explicó qué aspectos pueden revisar los tribunales y cuáles deben permanecer dentro de las competencias técnicas de los organismos especializados.
En esa línea, sostuvo que los tribunales pueden examinar los antecedentes técnicos que sustentan una decisión ambiental. Sin embargo, advirtió que ese control no debe transformarse en una nueva evaluación del proyecto.
Según explicó, el problema surge cuando un tribunal deja de revisar la legalidad y comienza a ponderar nuevamente antecedentes técnicos, elegir metodologías o decidir si un proyecto debe ejecutarse.
En ese contexto, el docente señaló que la revisión judicial debe concentrarse en la suficiencia de los antecedentes, la motivación, la congruencia y la racionalidad de la decisión administrativa.
Control judicial ambiental y decisiones técnicas
El profesor Alejandro Montt explicó que la discrecionalidad administrativa no queda fuera del control de los tribunales. No obstante, ese examen debe respetar las competencias que la legislación entrega a cada organismo.
En esa línea, indicó que los jueces pueden revisar la competencia del órgano, el procedimiento, la participación ciudadana y la calidad de la información utilizada.
Asimismo, pueden analizar la motivación de la decisión y la racionalidad de las medidas de mitigación, reparación y compensación.
“Todo eso es control de legalidad”, sostuvo el docente. Sin embargo, precisó que el juez no debería escoger entre alternativas técnicas igualmente plausibles cuando no existe un vicio jurídico o metodológico.
Para el profesor, una intervención que reemplace constantemente la evaluación técnica puede afectar la certeza de los procedimientos ambientales y abrir nuevas instancias de revisión sobre decisiones ya adoptadas.
Deferencia judicial y protección ambiental
Otro de los puntos abordados por el profesor de la Universidad Finis Terrae fue la deferencia judicial frente a las decisiones técnicas de la Administración, quien explicó que este concepto no significa entregar libertad absoluta a los organismos administrativos.
Por el contrario, sus decisiones deben respetar la ley, contar con antecedentes suficientes y estar debidamente fundamentadas.
El académico también analizó el principio precautorio, especialmente cuando existe incertidumbre científica respecto de los posibles efectos de una actividad.
En estos casos, señaló que una intervención judicial puede adquirir mayor intensidad. Sin embargo, agregó que las medidas deben mantener criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y temporalidad.
Asimismo, el docente planteó que el principal desafío consiste en asegurar un control sólido de la legalidad y la fundamentación de las decisiones, sin sustituir las competencias técnicas que corresponden a la Administración.