¿Qué aporta la investigación jurídica a los desafíos que enfrenta actualmente la sociedad? Esa fue la pregunta que abordó la académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Betty Martínez-Cárdenas, en una columna de opinión donde reflexionó sobre el rol que cumple la investigación en derecho para responder a fenómenos como el comercio electrónico y el uso de inteligencia artificial.
En su análisis, la investigadora sostuvo que el valor de la investigación no se mide únicamente por la cantidad de publicaciones o proyectos adjudicados, sino por su capacidad de anticipar los problemas que surgirán con los cambios tecnológicos y sociales.
“Investigar no consiste en repetir el pasado, sino en ofrecer al derecho las categorías con las que podrá comprender lo que se aproxima“, afirmó la profesora Martínez-Cárdenas.
Investigación jurídica y comercio electrónico
Uno de los ejemplos desarrollados por la académica corresponde al Derecho del Consumo y al comercio electrónico, ámbitos donde los consumidores muchas veces desisten de acudir a la justicia debido a los costos asociados a un proceso judicial.
Según explicó, esta realidad ha impulsado el desarrollo de plataformas de resolución de conflictos en línea, conocidas como Online Dispute Resolution (ODR), las que buscan facilitar la solución de controversias entre consumidores y proveedores.
Sin embargo, la profesora Martínez-Cárdenas advirtió que estas herramientas también plantean nuevas interrogantes jurídicas que requieren ser abordadas antes de su implementación masiva.
“Si interviene inteligencia artificial en la decisión, ¿existirá una explicación inteligible de su resultado? Si la decisión es errónea, ¿quién responderá por ella?“, planteó la académica.
A estas preguntas sumó otra preocupación: las garantías que tendrán los consumidores para asegurar que estos procedimientos sean realmente imparciales.
Investigación para anticipar los desafíos del derecho
Para la académica investigadora, estas interrogantes demuestran que la investigación jurídica no constituye un ejercicio exclusivamente académico, sino una herramienta que permite construir mejores políticas públicas y regulaciones antes de que los problemas aparezcan en la práctica.
En ese sentido, sostuvo que las plataformas ODR representan un ejemplo de cómo la investigación puede contribuir a diseñar soluciones que respondan tanto a las necesidades de los consumidores como de las empresas.
“La investigación debe estar presente no como un lujo académico, sino como la capacidad de anticipar estos problemas antes de que los consumidores y las empresas los enfrenten en la práctica“, señaló la profesora Betty.
Finalmente, la investigadora Martínez-Cárdenas afirmó que el principal desafío consiste en fortalecer el vínculo entre la academia y el ejercicio profesional del derecho, promoviendo que el conocimiento generado por la investigación contribuya al diseño de mejores herramientas jurídicas.
“Un país no progresa solo cuando regula el comercio electrónico o el uso de las tecnologías emergentes, sino cuando comprende, antes de hacerlo, qué preguntas debe responder esa regulación“, concluyó la docente.