El académico Roberto Náquira, de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, analizó las consecuencias jurídicas que podría tener la fuga de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, si su defensa solicita un beneficio para cumplir el saldo de su condena bajo un régimen distinto al de reclusión. El profesor explicó que, más allá de que se hayan reconocido los días que permaneció privada de libertad en Países Bajos, corresponde al tribunal evaluar todos los antecedentes antes de resolver una solicitud de esta naturaleza.
La reflexión surgió luego de que la justicia acogiera el abono del tiempo que Rojo permaneció recluida en Europa tras su extradición, decisión que redujo significativamente el tiempo que resta para el cumplimiento de la condena impuesta por fraude al fisco.
Tras ese fallo, la defensa manifestó su intención de solicitar una fórmula alternativa para el cumplimiento del saldo de la pena, como un eventual arresto domiciliario o libertad vigilada, escenario sobre el cual fue consultado el académico por Radio ADN.
Al respecto, el profesor Náquira explicó que “este antecedente de que ella se dio a la fuga no es un antecedente menor y eventualmente podría, si bien quizás en lo formal, cumplir los requisitos para poder optar a esta salida distinta, es algo que el tribunal debe considerar al momento de eventualmente concederlo”.
Beneficios penitenciarios y riesgo de fuga
El profesor explicó que el análisis de este tipo de solicitudes no se limita únicamente al cumplimiento de los requisitos legales, sino que también considera antecedentes que permitan evaluar si existen riesgos asociados al otorgamiento del beneficio.
En ese sentido, el académico de la Universidad Finis Terrae agregó que “obviamente existiendo un peligro o riesgo de fuga, quizás no a la primera solicitud, pero podría ocurrir que esta situación rebote“.
Según explicó, será el tribunal el encargado de ponderar estos antecedentes al momento de resolver una eventual petición de cumplimiento alternativo de la pena, considerando tanto los requisitos establecidos por la legislación como las circunstancias particulares del caso.
En ese contexto, sostuvo que la decisión deberá equilibrar el cumplimiento de los requisitos legales con la necesidad de garantizar la correcta ejecución de la condena y el resguardo de los fines que persigue el sistema penal.