La discusión sobre autoridad pedagógica y libertad de enseñanza volvió a instalarse en el debate público. El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Cristóbal Aguilera, cuestionó el enfoque del proyecto de convivencia escolar presentado por el Ejecutivo. A su juicio, la propuesta parte de una base equivocada: el problema es conceptual.
El profesor Aguilera sostiene que la ley no origina la autoridad pedagógica. Afirma que estas facultades nacen en la Constitución. Se vinculan con el derecho preferente de los padres y con la libertad de enseñanza. Por eso, insiste en que los establecimientos tienen un espacio propio de acción.
En esa línea, explica que los colegios no son simples ejecutores de políticas públicas. Cada comunidad educativa define sus reglas. También establece criterios formativos y prácticas pedagógicas. Todo esto forma parte de su proyecto educativo.
“La ley no crea dichas facultades. Debe reconocerlas y fijar sus límites”, afirmó el académico. Con esa frase, resume su crítica al proyecto. A su juicio, el enfoque actual invierte la lógica del sistema.
Riesgos para la autoridad pedagógica en colegios
El académico advierte que este cambio no es menor. El sistema pasa de la autonomía a la dependencia del Estado, lo que puede generar mayor centralización. Así como también puede afectar decisiones internas de los colegios.
Para el docente, también existe un riesgo sobre el rol de los organismos administrativos. Estos podrían intervenir más allá de lo necesario e incluso reinterpretar normas propias de cada establecimiento.
“Cuando se desconoce este origen, se abre espacio a la intervención administrativa”, señaló. Según explica, esto afecta directamente a las comunidades educativas y debilita su capacidad de decisión.
Finalmente, el académico insiste en una idea central. En un sistema plural, la ley debe cumplir un rol claro. Debe resguardar el ejercicio de la autoridad pedagógica, no debe reemplazarla. Si ocurre lo contrario, se debilita la libertad de enseñanza.