La tramitación ambiental en Chile alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de 2026. El tiempo promedio para aprobar proyectos llegó a 23,6 meses. La cifra representa un aumento sostenido respecto de años anteriores y ha generado preocupación en el ámbito de la inversión.
En ese contexto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Sebastián Herrera, fue consultado por El Mercurio para analizar las razones detrás de este fenómeno. Su mirada apunta a factores estructurales que explican la demora.
El aumento de los plazos no responde a una sola causa. Según el análisis, el sistema enfrenta mayores exigencias y una carga creciente de proyectos. Esto ha generado procesos más largos y complejos.
“Desde una perspectiva jurídica e institucional, el aumento de los tiempos de tramitación responde a una combinación de factores: déficits de control, incorporación de nuevas exigencias a través de guías que no siempre se alinean con la normativa, observaciones de órganos del Estado excediendo el ámbito de sus competencias, falta de dotación en ciertos servicios o regiones, entre otras causales”, señaló Sebastián Herrera.
El académico sostiene que estos elementos operan en conjunto. No se trata de fallas aisladas, sino de un sistema que ha ido acumulando tensiones en su funcionamiento.
Factores que explican la demora en la tramitación ambiental
Entre los principales factores, Herrera menciona la creciente complejidad regulatoria. También destaca el aumento de observaciones durante el proceso de evaluación. Estas pueden extender los tiempos cuando no existe coordinación adecuada.
Otro elemento relevante es la capacidad institucional. Algunos servicios enfrentan limitaciones de recursos. Esto incide en la velocidad de revisión de los proyectos.
Además, la incorporación de nuevas exigencias técnicas ha elevado el estándar del sistema. Si bien esto fortalece la evaluación ambiental, también puede generar retrasos cuando no existe claridad en su aplicación.
En este escenario, la tramitación ambiental en Chile se consolida como un tema clave para el desarrollo de inversiones. El desafío, según el análisis, es mejorar la gestión del sistema. Esto implica avanzar en coordinación, reducir duplicidades y entregar mayor certeza en los plazos, sin afectar los estándares ambientales.
Otro punto relevante es la capacidad institucional. En algunos casos, los servicios públicos no cuentan con los recursos suficientes para responder al volumen de proyectos en evaluación. Esto provoca acumulación de expedientes y retrasos en la revisión.
Además, la incorporación de nuevas guías y criterios técnicos ha introducido mayores niveles de exigencia. Si bien estos buscan fortalecer la evaluación ambiental, también pueden extender los tiempos si no se aplican de manera coordinada.
En este escenario, la tramitación ambiental en Chile se mantiene como un factor clave para el desarrollo de inversiones. El desafío, según coinciden los distintos análisis, es avanzar hacia un sistema más eficiente. Esto implica mejorar la coordinación entre organismos, fortalecer la gestión institucional y entregar mayor certeza en los plazos, sin comprometer los estándares ambientales vigentes.