La aprobación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable marcó el cierre de una discusión legislativa de más de 7 años. La profesora de la Facultad de Derecho, Ángela Arenas, –a quien el Senado le reconoció su “valioso aporte” durante la tramitación de la normativa–, fue entrevistada por SelloMayor para conocer cuáles fueron los principales logros y desafíos que se plantearon.
Respecto a la importancia misma de la tramitación de la iniciativa, la académica de la Universidad Finis Terrae planteó que radica en “poner al servicio de las personas mayores la experiencia y el conocimiento acumulados (…) Con la convicción de contribuir a mejorar su calidad de vida”.
Entre las principales dificultades a las que se enfrentó la nueva ley integral durante su tramitación estuvo presente el debate cultural. Para la profesora Arenas, el trabajo legislativo fue “un proceso complejo y a veces ingrato (…) Una vez presentado el proyecto, aparecieron críticas de personas que desconocían la magnitud del trabajo previo”.
Una de las novedades que presenta la nueva normativa es la creación de un contrato especial de trabajo para las personas mayores. Este punto fue, a juicio de la académica, el más difícil de consensuar. Incluso, dicho artículo “permanentemente se quiso eliminar”.
A pesar de la resistencia, el contrato permite “avanzar en la formalización del trabajo de las personas mayores, robusteciendo las políticas de trabajo decente”. Además, se incorpora la protección frente a enfermedades profesionales y accidentabilidad.
Finalmente y a juicio de la profesora Arenas, esta nueva ley mejora, en primer lugar, “las condiciones de acceso a la justicia para las personas mayores que sufren de un abandono social. Segundo, la incorporación del contrato especial de trabajo para las personas mayores. Y tercero, la incorporación de la Política Nacional de Envejecimiento, que sin duda avanzará hacia lo intersectorial”.