El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae y expresidente del Tribunal de Contratación Pública, Pablo Alarcón, explicó el funcionamiento de las compras públicas y sus mecanismos de control, a propósito de los antecedentes conocidos sobre contrataciones y gastos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
Durante una entrevista con T13, el profesor abordó las distintas etapas de una licitación pública, los organismos que intervienen en su fiscalización y las vías disponibles cuando un oferente considera que existieron actuaciones contrarias a derecho durante el procedimiento.
A partir de su experiencia durante siete años en el Tribunal de Contratación Pública, Alarcón sostuvo que controlar todas las operaciones que realiza anualmente el Estado representa una tarea compleja por su magnitud. Según recordó, cifras de la Dirección de Compras y Contratación Pública situaban este mercado, hace algunos años, cerca del 8% del Producto Interno Bruto.
Por esta razón, explicó, el sistema contempla diferentes instancias de control. Entre ellas mencionó la Contraloría General de la República, las denuncias realizadas por particulares y las acciones que pueden presentarse ante el Tribunal de Contratación Pública. Asimismo, determinados antecedentes pueden dar origen a investigaciones de carácter penal.
En el caso de Junaeb, el académico detalló que la institución requiere la participación de empresas privadas para entregar servicios de alimentación a cientos de miles de estudiantes. Para seleccionar a esos proveedores se realizan licitaciones públicas que establecen previamente las condiciones técnicas, económicas y administrativas que deben cumplir los interesados.
Compras públicas y mecanismos de fiscalización a Junaeb
El director de la Escuela de Derecho explicó que estos procedimientos contemplan distintas etapas. Primero se publican las bases de licitación y los oferentes pueden formular consultas. Posteriormente se presentan las propuestas y una comisión las evalúa de acuerdo con criterios técnicos y económicos establecidos previamente.
Alarcón señaló que, debido a los montos involucrados, determinados actos asociados a estas licitaciones deben pasar por el control de la Contraloría General de la República, tanto antes del inicio del proceso como al momento de concretar la adjudicación.
A ese control se suma el que ejerce el Tribunal de Contratación Pública. El profesor precisó que un oferente puede acudir a esta instancia si considera que durante el procedimiento existió un acto ilegal o arbitrario, por ejemplo, cuando una propuesta fue declarada inadmisible de manera incorrecta o cuando se cuestiona la evaluación realizada por la Administración.
En ese contexto, explicó que este tipo de procesos puede prolongarse durante varios meses y que los contratos asociados a la alimentación escolar suelen extenderse por cuatro o cinco años. Además, recordó que algunas licitaciones han involucrado montos de cientos de millones de dólares.
El académico también mencionó un informe de la Fiscalía Nacional Económica de 2020 que abordó el mercado de las compras públicas y las contrataciones vinculadas a Junaeb. Según explicó, este tipo de procesos presenta una alta competencia debido al volumen de recursos involucrados y a las exigencias que deben cumplir las empresas adjudicatarias.
A juicio del profesor Alarcón, precisamente esa magnitud hace especialmente relevante contar con controles efectivos durante todas las etapas del procedimiento y garantizar que los participantes actúen conforme a la normativa.
Probidad y responsabilidades en las compras públicas
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la eventual participación irregular de autoridades o funcionarios públicos en estos procesos. Alarcón recalcó que el principio de probidad administrativa rige para las autoridades del Estado y que cualquier actuación debe respetar las normas que regulan las contrataciones públicas.
En esa línea, sostuvo que una eventual irregularidad puede superar el ámbito administrativo cuando existen antecedentes que hagan presumir la comisión de un ilícito. En esos casos, explicó, corresponde que los organismos competentes investiguen los hechos y determinen las responsabilidades que procedan.
El académico recordó que, durante su paso por el Tribunal de Contratación Pública, existieron procedimientos en los que las anomalías detectadas resultaban especialmente llamativas. Sin embargo, precisó que la función de esa instancia consiste en revisar la legalidad de la contratación, mientras que las eventuales responsabilidades administrativas o penales deben ser investigadas por otras instituciones.