El académico Felipe Bravo, profesor investigador de la Facultad de Derecho e integrante del Centro de Impacto Regulatorio en la Competencia Económica (CIRCE) de la Universidad Finis Terrae, fue consultado por Radio Bío Bío para explicar el tratamiento tributario de las plataformas extranjeras de apuestas online que prestan servicios a usuarios en Chile.
La consulta surgió en medio de la discusión por estas plataformas, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago estableciera un procedimiento permanente para bloquear sitios de apuestas y juegos de azar que operan sin autorización en el país.
En paralelo, el debate puso atención sobre el tratamiento tributario de estos servicios. En junio, el Servicio de Impuestos Internos (SII) dictó la resolución 69, que estableció un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse, declarar y pagar IVA por operaciones realizadas con usuarios en Chile.
Frente a esta arista, el profesor de la Facultad de Derecho explicó que el elemento relevante para efectos tributarios radica en que las empresas prestan un servicio digital a consumidores ubicados en Chile, aunque las plataformas operen desde el extranjero.
Felipe Bravo explicó el tratamiento tributario para apuestas online
Por lo anterior, el académico explicó que “en este caso son servicios que se prestan fuera de Chile a ciudadanos chilenos”. Además, precisó que los servicios digitales pagan IVA cuando empresas extranjeras los ofrecen a consumidores.
De esta manera, el investigador de CIRCE explicó que la obligación tributaria se relaciona específicamente con la prestación del servicio digital y con el IVA que corresponde aplicar sobre este tipo de operaciones.
“Por lo tanto, lo que está haciendo Impuestos Internos es el cobro específicamente del IVA que debiese pagar ese servicio”, precisó el profesor.
Con su análisis, el docente Felipe Bravo aportó la perspectiva tributaria a una discusión que también involucra el funcionamiento y bloqueo de las plataformas de apuestas online. Su explicación permitió distinguir el cobro del impuesto aplicable a los servicios digitales de las medidas judiciales adoptadas respecto de los sitios que operan sin autorización.