Luego del primer policy brief del Centro de Impacto Regulatorio en la Competencia Económica (CIRCE) de la Universidad Finis Terrae, el profesor de la Facultad de Derecho, Felipe Bravo, abordó los efectos que podría generar una eventual prohibición del anatocismo en una carta al director publicada en El Mostrador.
El anatocismo permite que los intereses vencidos se incorporen al capital adeudado y, bajo determinadas condiciones, generen nuevos intereses. Aunque esta práctica suele asociarse con un abuso hacia los consumidores, el docente de Derecho Económico de la Facultad planteó que prohibirla no necesariamente significaría una mayor protección.
Por el contrario, explicó que los acreedores podrían compensar ese mayor costo mediante otras condiciones crediticias, como tasas de interés más altas, mayores garantías o restricciones para acceder a préstamos.
En ese sentido, el académico sostuvo que “si la ley impide capitalizar los intereses impagos, el acreedor no renunciará a su cobro, sino que trasladará ese costo al consumidor de otras formas”, entre ellas, aumentando los intereses, solicitando hipotecas, prendas o avales, o negando directamente el financiamiento.
Prohibición del anatocismo podría afectar las renegociaciones
Otro de los efectos identificados por el profesor Felipe Bravo, se relaciona con los consumidores que ya se encuentran en situación de morosidad pues, según explicó, la capitalización de intereses puede utilizarse para consolidar lo adeudado y posteriormente ofrecer una renegociación.
Sin esa alternativa, el incentivo para alcanzar un nuevo acuerdo podría disminuir. Al respecto, el profesor explicó que “si la ley prohíbe el anatocismo, en cambio, esa renegociación deja de tener sentido económico para el acreedor, por lo que se incentivará un cobro judicial más rápido”.
El académico también advirtió que los costos asociados a estas acciones pueden terminar repercutiendo directamente en los deudores, especialmente mediante el cobro de costas judiciales.
Anatocismo y acceso al crédito formal
Por otro lado, el profesor Bravo puso especial énfasis en las consecuencias que una prohibición podría tener para los consumidores de menores ingresos o con mayor riesgo de incumplimiento, quienes enfrentan más dificultades para acceder al sistema financiero.
Para este grupo, sostuvo, los créditos de consumo y las tarjetas representan una fuente relevante de financiamiento para enfrentar gastos cotidianos, emergencias o incluso financiar pequeños negocios.
En esa línea, el académico advirtió que quienes anteriormente podían acceder a créditos formales con condiciones más costosas podrían quedar excluidos y recurrir a prestamistas informales, donde existen menos mecanismos de protección y los intereses pueden ser considerablemente mayores.
Finalmente, el docente Felipe Bravo precisó que “confundir el anatocismo con la usura es un error de política pública, y los costos los terminarán pagando las personas de menores recursos”.