La nueva Ley N° 21.719 de protección de datos personales representa desafíos para distintos actores del mercado. El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Martín Casse, analizó en una columna de opinión para El Mercurio Legal, los desafíos que enfrentan las empresas —en particular las pymes— para adaptarse al nuevo estándar regulatorio, que exige una gestión activa y acreditable del tratamiento de datos.
La nueva normativa elevó el estándar de protección de datos en Chile, alineándose con modelos internacionales como el europeo, pero también introdujo exigencias que implican un cambio profundo en la forma en que las empresas gestionan la información personal.
En ese contexto, el académico de derecho comercial de la Facultad, explicó que el cambio radicó en el paso desde un sistema reactivo a uno de responsabilidad proactiva, donde las organizaciones deben no solo cumplir la ley, sino también ser capaces de demostrarlo. Esto incluye la implementación de modelos de prevención de infracciones, medidas de seguridad desde el diseño y la obligación de notificar eventuales brechas.
En esa línea, Casse advirtió que este nuevo enfoque representa un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas, ya que no solo implica tratar adecuadamente los datos, sino también desarrollar estructuras internas, documentación y procesos técnicos que respalden ese cumplimiento.
Desinformación en pymes y rol clave de la Agencia en la implementación de la ley
Asimismo, señaló que existe una percepción errónea en parte del mundo pyme respecto a la aplicación de la normativa. En esa línea, Casse indicó que muchas empresas creen que no están afectas a la ley, pese a que el solo hecho de contar con trabajadores o relaciones comerciales ya implica tratamiento de datos personales.
En relación con la implementación, el especialista sostuvo que el rol de la futura Agencia de Protección de Datos Personales será clave para facilitar la transición. Según planteó, este organismo no solo deberá fiscalizar, sino también orientar mediante directrices que consideren las diferencias entre empresas de distintos tamaños.
En ese sentido, Casse enfatizó que: “La efectividad de la Ley N° 21.719 no se medirá solo por su aspecto sancionatorio, sino también por su capacidad de ser inclusiva respecto de todas las empresas”, destacando la importancia de generar herramientas que permitan una aplicación realista de la normativa.
Finalmente, el académico advirtió que uno de los principales riesgos es caer en un cumplimiento meramente formal. Frente a ello, planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de “cumplimiento mínimo viable”, que permita a las pymes priorizar medidas efectivas de protección de datos por sobre exigencias difíciles de implementar, asegurando así una aplicación gradual y proporcional de la ley.