La violencia intrafamiliar (VIF) hacia los adultos mayores en Chile constituye una realidad compleja que requiere un análisis multidimensional. En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencia de Datos en Derecho (LIACDD) de la Universidad Finis Terrae dio a conocer un conjunto de datos estadísticos sobre estas causas, encendiendo alarmas sobre el perfil de vulnerabilidad de este grupo etario.
Para comprender el alcance de estas cifras, Militza Glasinovic —abogada y docente de la Clínica Jurídica Civil-Familia— junto a Teresa Ortega —cientista social y analista del LIACDD— analizaron sus principales hallazgos. Las académicas desglosaron los datos obtenidos del análisis de 736 causas de VIF a adultos mayores tramitadas por la Clínica Jurídica en la Región Metropolitana e identificaron factores críticos que perpetúan este flagelo en el entorno familiar y territorial chileno.
Los registros expuestos confirman una tendencia histórica ya advertida por organismos como el INE: la vejez tiene rostro femenino cuando se trata de violencia. En las causas analizadas dentro del segmento de más de 60 años, las mujeres concentran el 72% de las denuncias, frente a un 26% de los hombres.
El flagelo de la violencia psicológica
Respecto al tipo de agresión, los datos demuestran que el daño no siempre deja marcas físicas. La violencia psicológica lidera de manera abrumadora con el 49,59% de los casos. “Este tipo de maltrato suele ser el más invisible, pero es el predominante en las dinámicas familiares que afectan a las adultas mayores”, advirtieron las académicas de la Facultad de Derecho.
Para Glasinovic y Ortega, esta realidad se vincula a vulnerabilidades cruzadas como la dependencia económica y la sobrecarga en las tareas de cuidado. Especialmente al considerar que la población chilena ha envejecido, la expectativa de vida ha aumentado y los hogares con más de una generación de adultos mayores ha aumentado.
VIF a adultos mayores: predominio del lazo sanguíneo
Uno de los hallazgos más sorpresivos de los datos entregados por LIACDD apunta al origen de las agresiones. Tradicionalmente, los estudios del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) identifican a los hijos o cónyuges como los principales agresores. No obstante, las cifras del laboratorio muestran un escenario particular: el 43,9% de las personas mayores recibe VIF por parte de su padre o madre (también en etapa de vejez avanzada), seguido por el cónyuge con un 17,1%, los hermanos con un 8,2% y los hijos con un 5,2%.
Sobre este fenómeno, Glasinovic y Ortega explicaron que, aunque ver a un adulto mayor agredido por un progenitor de edad aún más avanzada parece poco habitual, responde a factores críticos de la convivencia actual.
La coexistencia intergeneracional prolongada dentro del mismo hogar; el deterioro cognitivo severo y cruce de dependencias mutuas de cuidado; y las dinámicas de maltrato históricas que se agudizan con los años generan un entorno pernicioso para los adultos mayores.
El mapa de la denuncia: Factores socioeconómicos y territoriales
El informe del LIACDD también traza una distribución geográfica dentro de la Región Metropolitana. Las comunas que concentran el mayor número de causas corresponden a los sectores sur y surponiente de la capital. Entre ellas destacan Maipú (17,3%) y La Florida (17,1%), seguidas por comunas de menores ingresos relativos como Conchalí, Peñalolén y Recoleta.
Sin embargo, las académicas enfatizan una distinción metodológica crucial para la opinión pública. “Una comuna con más registros no significa necesariamente que sea un territorio más violento. A menudo, estas cifras son sinónimo de un mejor acceso a las policías, mayor conectividad con los tribunales o el impacto positivo de campañas locales de sensibilización que incentivan a denunciar”, comentaron.
Incidencia en VIF a adultos mayores de la escolaridad, jubilación y la necesidad de seguir trabajando
En cuanto al nivel educativo, los datos del laboratorio muestran que la VIF a adultos mayores se ejerce principalmente contra quienes tienen enseñanza media completa (19,4%). En el caso de la educación básica —tanto completa como incompleta—, la cifra asciende a un 16,2%.
Finalmente, la situación económica y laboral añade una capa de complejidad al problema. El 48,1% de las víctimas registradas se encuentra en condición de jubilado o pensionado. Pese a ello, existe un 9,0% que permanece empleado y un 6,7% en otras ocupaciones.
Al respecto, Glasinovic y Ortega señalaron que la realidad previsional chilena obliga a postergar el retiro obligatorio. Con una esperanza de vida que supera los 80 años, las personas mayores deben financiar al menos dos décadas post-laborales.
Ante pensiones insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, arriendos y medicamentos —y sumado a la falta de redes de apoyo familiar—, muchos se ven forzados a continuar trabajando en la informalidad. Así, concluyen, esta condición de precariedad incrementa significativamente su exposición a escenarios de violencia intrafamiliar
