La demencia de adultos mayores y el deterioro cognitivo se han transformado en una de las crisis de salud pública y de derechos humanos más silenciosas de Chile. Actualmente, más de 200 mil personas padecen esta condición crónica en el país —cifra que se proyecta superará el medio millón hacia el año 2050—, lo que plantea un desafío urgente no solo para el sistema sanitario, sino también para el judicial.
Frente a este escenario, un reciente informe del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencia de Datos en Derecho (LIACDD) de la Universidad Finis Terrae analizó 736 causas judiciales de violencia intrafamiliar (VIF) tramitadas por la Clínica Jurídica Civil-Familia entre 2018 y 2024 donde la víctima es un adulto mayor. Los resultados revelan una brecha crítica en el acceso a la justicia.
Jaime Hidalgo, past president de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (SGGCH) y Angela Arenas –directora de SGGCH, LIACDD y académica de la Facultad Derecho U. Finis Terrae–, abordaron la magnitud de este problema. En su análisis de las cifras del laboratorio, alertaron sobre los determinantes sociales que profundizan la desprotección de la vejez en Chile, específicamente en lo relativo a demencia en adultos mayores.
El vacío judicial ante la demencia en adultos mayores
El hallazgo más preocupante del análisis de los datos del LIACDD apunta a la falta de antecedentes de salud al momento de judicializar los casos de maltrato o vulneración. Solo el 26% de las víctimas de la muestra contaba con un informe médico al ingresar al sistema judicial. Sin embargo, de ese reducido grupo que sí disponía de documentación, el 57% presentaba un deterioro cognitivo clínicamente acreditado.
A juicio de Arenas e Hidalgo, que solo uno de cada cuatro casos cuente con un diagnóstico formal al iniciar el proceso evidencia una preocupante falta de articulación intersectorial. “Esta desconexión expone a las personas mayores a un riesgo real de doble victimización. El sistema judicial opera a ciegas frente a la vulnerabilidad cognitiva de la víctima, omitiendo las adecuaciones procedimentales que por ley corresponden”, advirtieron los especialistas.
Vulnerabilidad cruzada: Demencia en adultos mayores, pobreza y soledad
Los expertos cruzaron estos resultados con los datos del III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC III, 2022), el cual establece que los problemas de memoria, el Alzheimer y demencias representan el 11,4% de las condiciones de salud asociadas a discapacidad severa en adultos, y en el tramo de 60 años y más, la prevalencia general de discapacidad alcanza el 32,6% de la población.
No obstante, la desprotección no afecta a todos por igual. Existen determinantes sociales y económicos que actúan como agravantes estructurales. El primero de ellos es la brecha socioeconómica: la discapacidad afecta al 23,9% de las personas mayores pertenecientes al quintil de menores ingresos, casi el doble en comparación con el 13,5% del quintil más alto.
El segundo determinante corresponde al aislamiento social. Las personas mayores que viven solas y carecen de redes de apoyo efectivas tienen significativamente menos probabilidades de acceder a un diagnóstico médico oportuno.
Esta precariedad económica y social se traduce directamente en los tribunales, ya que los afectados difícilmente logran contar con una representación legal adecuada o ser identificados tempranamente como víctimas vulnerables dentro del flujo penal o de familia.
Un marco legal existente, pero inoperante en la práctica
La contradicción más compleja acusada por Arenas e Hidalgo radica en que Chile ya cuenta con el marco jurídico para evitar este desamparo. Las leyes N° 20.427 y N° 20.584 exigen explícitamente que tanto los tribunales como los recintos de salud actúen bajo un diagnóstico previo cuando se ven involucradas personas con vulnerabilidad cognitiva.
Asimismo, Chile está suscrito a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA). Esta obliga al Estado a garantizar el acceso a la justicia y la prevención del abuso con un enfoque gerontológico especializado.
“El Plan Nacional de Demencias del Ministerio de Salud, que inició el 2017, ofrece instrumentos concretos para solucionar esto, como la figura del ‘gestor de caso’, diseñada precisamente para articular la evidencia clínica con la actuación judicial”, explican Arenas e Hidalgo.
El análisis de los datos expuestos por LIACDD concluyen en un diagnóstico claro: Chile posee las herramientas técnicas, leyes y tratados internacionales pertinentes. Sin embargo, a juicio de los académicos, lo que falta de manera urgente es la voluntad política y la coordinación institucional para aplicar dichos instrumentos, evitando que la demencia en adultos mayores se convierta en una condena de impunidad y desprotección judicial.
