En medio del debate público respecto al protocolo de acuerdo entre la CUT, la ANEF y el Gobierno, el académico investigador de la Facultad de Derecho, Rodrigo Poyanco, analizó sus alcances constitucionales. En su columna de opinión en Cooperativa.cl, el docente aseguró que “incorpora proposiciones normativas destinadas a complejizar de manera considerable el despido de ciertos funcionarios estatales”.
Así, “Reajuste público y ‘ley de amarre’: cuando un beneficio legal abre preguntas constitucionales” cuestionó la idoneidad de lo presentado por las autoridades. Entre aquellas propuestas que destacó el académico de la Universidad Finis Terrae figuró “la no renovación de funcionarios a contrata –o su renovación en condiciones distintas–”.
Con dicha modificación, “el incumplimiento de estas exigencias dejaría sin efecto el despido, obligando a reincorporar al funcionario y a pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al período de separación”. Además, agregó que “en una modificación de este tipo también deben considerarse posibles implicaciones constitucionales”.
En principio, regular el reajuste de sueldos y las reglas de estabilidad laboral en una misma propuesta “parece entrar en tensión directa con la prohibición constitucional y legal de regular, en un mismo proyecto de ley, ideas legislativas de distinta naturaleza”. Sin embargo, el investigador de la Facultad de Derecho advirtió que “subsiste otro problema de mayor calado institucional: el intento de entorpecer el citado criterio adoptado por la actual Contralora General de la República”.
Junto a lo anterior, “el convenio podría plantear interrogantes relevantes en materia de igualdad ante la ley”. Esto, ya que en la propuesta de reajuste, “algunas de sus reglas son notoriamente específicas, al referirse sólo a determinados tipos de funcionarios, con ciertos años de antigüedad y que se desempeñan en servicios e instituciones claramente identificables”.
Revisa el análisis constitucional al reajuste al sector público aquí:
Reajuste público y ‘ley de amarre’: cuando un beneficio legal abre preguntas constitucionales
