El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Felipe Bravo, analizó el caso de presunta colusión entre Pluxee Chile y Edenred Chile. Además explicó las eventuales responsabilidades penales que podrían surgir a partir de la investigación impulsada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
La FNE presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Según la entidad, ambas empresas habrían participado en un acuerdo anticompetitivo en el mercado de beneficios para trabajadores durante varios años.
El caso no solo involucra multas económicas. También abrió un debate sobre las posibles sanciones penales para algunos ejecutivos.
Caso de presunta colusión y posibles sanciones penales
El académico Felipe Bravo explicó en Emol que la legislación chilena sanciona penalmente los acuerdos colusorios desde 2016.
“La colusión en Chile es sancionada con pena de cárcel desde 2016. Como la participación de Santiago Machado, de acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, se inició en 2017, si es condenado por el TDLC por esta infracción, luego la Fiscalía Nacional Económica podría iniciar el proceso penal para condenarlo por el delito de colusión”, señaló el docente.
El académico aclaró que una investigación no genera automáticamente responsabilidad penal. Primero, el TDLC debe acreditar la existencia de la infracción.
Después de esa etapa, la Fiscalía Nacional Económica puede evaluar nuevas acciones judiciales.
Caso de presunta colusión y el proceso judicial
El profesor Bravo señaló que la normativa chilena establece un procedimiento gradual. El sistema exige primero una resolución firme del TDLC antes de avanzar hacia una eventual persecución penal.
La investigación ha generado interés por la magnitud de las multas solicitadas por la FNE. También ha puesto atención sobre las consecuencias que podrían enfrentar algunos ejecutivos si la autoridad acredita la infracción.
Finalmente, el académico Felipe Bravo indicó que el desarrollo del caso dependerá de las decisiones que adopten los organismos competentes y de los antecedentes que se presenten durante el proceso.