“La expulsión de los viejos. La edad como causal de cese de funciones públicas” es la obra de los autores José Luis Alliende, Alejandro Torres y Verónica Pérez. En El Mercurio Legal, el profesor de la Facultad de Derecho, Enrique Navarro, realizó la reseña del libro.
Lo analizado corresponde a “un tema central de nuestro derecho público: la imposición de la edad como causal de término de funciones y actividades”. Sobre esto, el académico de la Universidad Finis Terrae abordó los cuatro capítulos del libro.
“El primero de ellos se refiere a la negligente construcción de un ‘estereotipo’, para lo cual comienza revisando los antecedentes de la disposición constitucional que fijó la edad de 75 años como causal de cesación de funciones de los jueces” y la profundización de otras definiciones legales, comentó el académico.
Durante el libro, “de la revisión de la historia fidedigna de las normas legales y constitucionales se observa una evidente falta de fundamentación de la disposición, fijándolo como un criterio automático, sin que se observe justificación para instaurar dicho límite de edad”.
El segundo capítulo de la obra realiza “una profunda evaluación desde el punto de vista constitucional. Para tal efecto, se recuerda el sentido de la norma que menciona la edad como criterio en materia de libertad de trabajo y prohibición de efectuar diferencias arbitrarias”.
Además, “siguiendo la doctrina alemana, se realiza el test de proporcionalidad en relación a las limitaciones a los derechos fundamentales”. El académico destaca que “se revisa el sentido de las medidas, su alcance y aplicación, la finalidad perseguida, la adecuación o idoneidad de la medida, la necesidad de la misma, proporcionalidad estricta y la tolerabilidad”.
“No se condice con la protección laboral”
Durante su tercer capítulo, los autores realizan una evaluación de la normativa desde un enfoque del derecho internacional. Recuerdan, además, “los compromisos multilaterales en materia de igualdad ante la ley y no discriminación, tal como ocurre en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
En esta última, “la reglamentación de la edad debe tender a evitar discriminaciones y permitir el ejercicio de derechos. Así también ocurre en Europa”. El profesor Navarro añade una reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán en que se establece que “el límite de edad de 70 años para ejercer como notario vulnera severamente la libertad profesional y resulta desproporcionada”.
Para el cuarto capítulo, los autores finalizan la obra con una evaluación de las medidas desde un punto de vista de las políticas públicas. “Profundizando así el respeto a las pautas y criterios internacionales, constatándose además una edad de jubilación flexible o voluntaria en países de la OCDE, prohibiéndose en algunos casos la desvinculación obligatoria”, agrega el académico.
Finalmente, “los autores critican fuertemente este tipo de medidas legales de expulsión del mercado laboral por razones de edad, lo que en definitiva estiman una verdadera discriminación”. A juicio del profesor, esto “no se condice con la protección laboral, a lo que se añade una falta de adecuado diagnóstico; todo lo cual importa una visión fundada de estereotipos y prejuicios”.
Además, “a todo lo anterior se agrega la falta absoluta de razones y motivaciones legislativas, incumpliendo así el mandato constitucional del art. 19 N° 2 de la CPR en estrecha vinculación con el art. 8”. Así, “no existen razones precisas y fundadas, suficientemente explicitadas en las leyes que justifiquen la fijación de la edad como un mecanismo de cesación inmediata y automática del mercado laboral”, puntualiza el profesor Navarro.