Este año se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.801 que prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos de educación parvularia escolar. En una columna enviada al DOE, el profesor de la Facultad de Derecho, Juan Luis Chomalí, abordó las cargas administrativas que implica la nueva legislación.
Para el académico de la Universidad Finis Terrae, “la intención es correcta, pero el problema radica –nuevamente– en la técnica legislativa”. Esto se debe a que “se establece una prohibición de carácter general, pero se llena de excepciones muy abiertas (…) Varias de las cuales deben ser calificadas por el director”.
Así, las excepciones contempladas en la ley generarán “una excesiva regulación que termina en una falta de seguridad jurídica. Es decir, la ambigüedad de la prohibición se transforma en un laberinto de interpretaciones que profundiza la falta de certeza jurídica”. Esto último aumenta “la asfixia regulatoria que agobia al sistema educativo chileno”.
De esta forma, “esta nueva ley potencia la reciente ‘hiperregulación’ administrativa –como las Circulares N° 781 y 782 de la Superintendencia de Educación–, donde se confirma un patrón preocupante: una persistente falta de confianza en la autonomía de los establecimientos”.
Según el profesor Chomali, “el exceso de cargas administrativas ha convertido a los directivos en gestores de formularios en lugar de líderes de aprendizaje. Esta ley y estos actos administrativos que vendrán desde la Superintendencia solo entraban más”.
Con todo, la nueva normativa “impone una carga procedimental que terminará por convertir las salas de clases en nuevos escenarios de litigiosidad administrativa, donde cada sanción podrá ser impugnada bajo el paraguas de excepciones mal definidas”.
Finalmente, “la implementación de esta ley será un nuevo manual de burocracia para que los establecimientos escolares sigan contratando abogados, en vez de profesores. Bienvenidos a la educación chilena: más burocracia, por favor”.