Diversas reacciones y repercusiones generó la controversia por la tramitación del cable submarino Chile-China Express. En medio de este escenario, el director del Departamento de Derecho Corporativo de la Universidad Finis Terrae, Manuel Blanco, reflexionó sobre los desafíos institucionales que expone esta situación.
El académico de la Facultad de Derecho publicó en Diario Financiero la columna “El déficit que el cable chino nos obligó a reconocer”. En ella, apunta a una lección en particular: “Chile no tiene los instrumentos institucionales para evaluar, de manera autónoma y técnica, si una inversión extranjera representa un riesgo para la seguridad nacional.
Entre sus argumento, presentó que “Chile construyó décadas de apertura comercial bajo la premisa de que el origen de la inversión era irrelevante”. Dicho planteamiento, a juicio del académico, ya no es válido “en un mundo donde la rivalidad entre potencias convierte la infraestructura crítica, cables submarinos, redes 5G, puertos, energía, en un campo de disputa estratégica”.
Inmerso en este escenario, “el problema no es China, ni tampoco Estados Unidos. El problema es encontrar la fórmula para que Chile pueda analizar y decidir por sí y ante sí la factibilidad de estas inversiones, sin riesgo de represalias de las potencias en disputa”. Para el profesor Blanco “la solución existe”.
“El objetivo no es proteccionismo”
Ejemplos como Estados Unidos, la Unión Europea y Australia persiguen “un denominador común: revisión técnica e independiente de inversiones que puedan afectar activos estratégicos, sin renunciar a la apertura ni discriminar por nacionalidad”. El objetivo “no es proteccionismo, sino certeza jurídica para todos”.
Así, el profesor Blanco plantea que “Chile necesita algo equivalente: un comité de inversiones estratégicas, independiente del Gobierno de turno, con mandato explícito para revisar proyectos en telecomunicaciones, energía e infraestructura”. Esto sería “un mecanismo que opere ex ante, con criterios públicos, no como nueva burocracia sino como herramienta para compatibilizar apertura y seguridad nacional”.
Ante todo, el académico advierte que “un mal diseño puede transformarse en ‘permisología’”. Además, cabe destacar que “el cable chino procesó en 63 días lo que otros permisos demoran años, sin que nadie evaluara sus implicancias estratégicas”.
Finalmente, eso describe “un Estado no equipado para las decisiones que el siglo XXI le exige”. Para el profesor Blanco, “cerrar este déficit no es ceder ante Washington ni darle la espalda a Beijing. Es construir la autonomía que Chile todavía no tiene”.