Investigación con impacto

Data aplicada al derecho: un zoom a la justicia chilena

Publicado el 27 de noviembre, 2025 · 6 min lectura

¿Estamos frente a una revolución de datos en el sistema judicial? El Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho (LIACDD) de la Universidad Finis Terrae, dirigido por la doctora Ángela Arenas, sistematiza información clave para innovar la gobernanza de causas que afectan a grupos vulnerables. ¿Qué datos se analizan y para qué sirven?


Las investigaciones y programas del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho (LIACDD) de la Universidad Finis Terrae incluyen colaboraciones con diversos actores como municipios, el Centro de Justicia, la clínica jurídica universitaria, el Ministerio de Justicia y periodistas de investigación. Su trabajo se enfoca principalmente en los tribunales de familia y penales, así como en organismos de Derecho Internacional.

La doctora Ángela Arenas, quien posee un doctorado en Historia y Teoría del Derecho Europeo por la Università degli Studi Tor Vergata, otro en Bioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y un Magíster en Bioética de la Pontificia Università Lateranense en Roma, ha construido, junto a su equipo, un espacio innovador en el ámbito jurídico que apoya a la comunidad en general.

Trabajar con los miles de datos del sistema judicial en Chile implica realizar un cruce de estadísticas, sistematizar e integrar información, y asignar un propósito técnico y social, transformando así la data en un bien público. El laboratorio utiliza inteligencia artificial (IA) para obtener resultados que impactan en la historia de los procesos judiciales. Esto incluye la identificación de delitos recurrentes en imputados, el análisis de la ubicación de los delitos y la evaluación de medidas cautelares y apremios. Además, se busca informar a grupos vulnerables sobre cómo realizar denuncias, a quién recurrir y promover principios de justicia abierta.

Los datos son considerados activos estratégicos que permiten a las instituciones anticipar las necesidades de los usuarios, ofrecer servicios de mejor calidad, implementar políticas públicas de manera efectiva, evaluar y monitorear programas gubernamentales, y contribuir al desarrollo del país. La Dra. Ángela Arenas explica que “hablar de la inteligencia artificial aplicada a los datos en el derecho tiene que ver con la gobernanza digital del sistema judicial”.

El laboratorio se especializa en los temas que obstaculizan el sistema judicial, en particular aquellos relacionados con el ámbito familiar. Han trabajado en alianza con el Centro de Medidas Cautelares y clínicas jurídicas, atendiendo a 27 comunas de Santiago. Entre sus proyectos de investigación se incluyen las medidas cautelares de violencia intrafamiliar, enfocándose en mujeres, adultos mayores y niños, así como en la investigación sobre demencia en cárceles, que aborda el deterioro cognitivo de personas mayores en el sistema penitenciario. También han trabajado en el tema de libertades condicionales, en conjunto con el Ministerio de Justicia.

La Dra. Arenas destaca su compromiso con las poblaciones vulnerables, considerándolas su área de especialidad. Explica que “para mí, las poblaciones vulnerables son un nicho natural y estoy a cargo del laboratorio. Sin embargo, eso no impide que en el futuro exploremos áreas empresariales relacionadas con la violencia laboral, que también es muy necesario”.

“Para mí, las poblaciones vulnerables son un nicho natural. Sin embargo, eso no impide que en el futuro exploremos áreas empresariales relacionadas con la violencia laboral, que también es muy necesario”.

Del derecho a la bioética

Su interés en bioética comenzó hace 20 años, cuando realizó su tesis doctoral sobre la vejez. Aunque en ese entonces muchos pensaban que se centraba en la eutanasia, su interés real era en los efectos del envejecimiento a nivel demográfico, la calidad de vida y cómo la era digital modificaría el concepto de longevidad. La Dra. Ángela Arenas se dio cuenta de que la vejez sería un tema crucial del siglo XXI, junto con la violencia intrafamiliar y los temas de género, destacando que América Latina es el continente más violento según la Organización Mundial de la Salud.

El laboratorio se distingue por su enfoque en la familia en crisis, abordando grupos diferenciados para llegar a un análisis sistémico y considerando la familia en su totalidad, integrando la perspectiva jurídica con otras ciencias sociales.

El mundo jurídico es complejo y a menudo reacio a dialogar con otras disciplinas, lo que representa un desafío para su equipo. Sin embargo, este reto se aborda de manera natural al estudiar sentencias y analizar grandes volúmenes de información: cada causa genera más de mil datos, que luego se transforman en insumos para mecanismos de inteligencia artificial. Es ahí donde lo multidisciplinario cobra fuerza, con un equipo que integra licenciados en ciencias sociales, ingenieros, médicos, enfermeras y filósofos. Trabajan junto a diez digitadores cada semestre, y sus integrantes son en su mayoría doctores que publican, al menos una vez al año, un artículo que respalda su metodología.

Además, se dedica a la formación de nuevos investigadores, enseñando a los jóvenes a extraer y analizar datos. Se les instruye en la búsqueda de causas judiciales, la obtención de estadísticas sobre agresores y características del delito, y la construcción de un mapa de agresión a partir de la caracterización de la población.

“Es relevante que los estudiantes aprendan a interactuar con las personas y les enseñen cómo pueden denunciar y acceder la información de una manera más amigable”, explica. 

Una de las investigaciones en que participa la académica se centra en el derecho a la autodeterminación informativa y la privacidad, abordando también temas de inteligencia artificial. Se han documentado casos de uso indebido de datos sanitarios —como el de pacientes con VIH— donde se vulnera su derecho a la privacidad.

Este año, el laboratorio fue contactado por Informe Especial, ya que eran los únicos que contaban con datos sistematizados sobre abuso patrimonial en adultos mayores. Gracias a su enfoque detallado en los datos, identificaron comunas donde se reportaban abusos que hasta entonces no habían sido detectados.

“Tenemos esa información porque hacemos un zoom a los datos; y para lograrlo, debemos trabajar directamente con ellos y pensar cómo proponer mejores modificaciones legales. Contamos con predictores que no siempre son exactos, pero sí ofrecen señales sobre lo que podría ocurrir. Este conocimiento, que es local, es valioso porque no hay nada más importante que conocer a nuestra propia población”, sostiene.

Finalmente, la Dra. Ángela Arenas comparte su trayectoria desde el derecho hasta la bioética, destacando su pasión por investigar temas que impactan en la vida de las personas y su compromiso con la justicia social.

Cuando se le pregunta por qué se dedicó a estudiar bioética, relata que entró a Derecho, le encantó la carrera, y después hizo su tesis de pregrado y una profesora de Derecho Civil le pidió que entrara como ayudante de investigación en un proyecto sobre técnicas de reproducción artificial. “Investigué sobre el embrión humano, si existen o no discriminaciones entre la fecundación in vitro y la fecundación natural, y participé en comités de ética clínica junto a médicos. En esa oportunidad dije: ‘Esto es lo que quiero hacer de mi vida’, porque era apasionante”.