El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y exministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, analizó en El Mercurio la controversia por la aplicación del límite de 75 años a notarios y conservadores que hasta ahora se encontraban exceptuados de esta regla.
La discusión surgió luego de que la reforma al sistema registral extendiera este límite de edad a quienes habían quedado fuera de su aplicación desde 1995. Algunos de los afectados recurrieron al Tribunal Constitucional para cuestionar el cese de sus funciones únicamente por razones de edad.
En ese contexto, el académico explicó que la Constitución prohíbe las discriminaciones laborales que no se relacionen con la capacidad o idoneidad personal. Sin embargo, también permite que la ley establezca límites de edad en determinados casos.
Para el profesor Navarro, la controversia pone en discusión una causal de término de funciones “por la sola condición de cumplir una edad, a pesar de encontrarse bien de salud el afectado”.
Límite de edad y situación jurídica previa
El académico también puso atención en la situación de quienes permanecieron exceptuados de esta regla durante tres décadas.
Navarro sostuvo que “el punto central es que una legislación de 1995 ya les reconocía la no aplicación de cese por razones de edad y 30 años después se desconoce dicha situación jurídica”.
A juicio del profesor, este elemento resulta relevante al momento de analizar los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional y la aplicación de la nueva normativa.
El académico agregó que “el TC ha dictado diversas sentencias donde ha considerado que no pueden establecerse diferencias por edad o sexo”.
De esta forma, el análisis del profesor Navarro se concentró en la compatibilidad entre el nuevo límite de edad, las reglas constitucionales sobre discriminación y la situación jurídica que la legislación reconoció durante años a quienes quedaron exceptuados de esta causal de cese.
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