La académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae e integrante del Centro de Impacto Regulatorio en la Competencia Económica, Gloria Vargas Almonacid, abordó en una columna de opinión publicada en Actualidad Jurídica (DOE) la progresiva integración conceptual entre la sostenibilidad empresarial (SE) y el gobierno corporativo (GC).
En su análisis, la abogada advirtió que, si bien esta vinculación ha propiciado nociones habituales como la de “gobierno corporativo sostenible”, abordarla sin una rigurosa delimitación técnica entraña el riesgo de generar opacidad analítica, dificultando la comprensión doctrinal y la aplicación práctica de ambos institutos en el ámbito societario.
Dimensión económica y delimitación de roles con los stakeholders
La docente Vargas precisó que la sostenibilidad empresarial permea al gobierno corporativo encauzando los fines estratégicos de la organización, sirviendo como catalizador a través de sus estructuras internas de gobernanza, especialmente en las sociedades anónimas abiertas. No obstante, enfatizó la necesidad de despejar aspectos medulares para evitar fricciones conceptuales.
En primer lugar, la investigadora destacó que la viabilidad financiera constituye un presupuesto mínimo e insoslayable para las personas jurídicas con fines de lucro. “Mantener la solidez económica es el presupuesto indispensable para desplegar los recursos y la estructura requeridos al momento de operacionalizar la sostenibilidad empresarial en sus dimensiones social y medioambiental”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que las organizaciones no pueden asumir de manera exclusiva la carga de resguardar intereses públicos que desborden su objeto social, aunque ello no las exime de su deber de internalizar las externalidades negativas de su giro.
Evolución de los Principios OCDE/G20 y conflictos de agencia
En su columna, la académica analizó cómo el estudio clásico del gobierno corporativo centrado en los deberes fiduciarios de los administradores y en los contrapesos de agencia ha mostrado insuficiencias frente a los desafíos contemporáneos, al privilegiar el control por sobre la gama de intereses de los diversos stakeholders.
Para hacer frente a este diagnóstico, recordó que la revisión de 2023 de los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 incorporó el Capítulo VI, titulado “Sostenibilidad y resiliencia”. Dicho apartado enfatiza la necesidad de que la gobernanza considere efectivamente a los grupos de interés para fomentar la creación de valor, el empleo de calidad y la resiliencia corporativa.
Colaboración estratégica para evitar la sostenibilidad retórica
Finalmente, Gloria Vargas señaló que la consideración de los intereses de los stakeholders debe ser comprendida como una herramienta de diagnóstico orientada a identificar las materias verdaderamente relevantes para el órgano de administración.
A juicio de la académica, reconocer este alcance reorienta la relación hacia una colaboración estratégica y realista entre la empresa y la sociedad. Esto evita que la sostenibilidad empresarial se reduzca a una mera aspiración retórica o a una carga regulatoria desmedida, asegurando su valor como un verdadero eje rector de los fines y estructuras que articulan el gobierno corporativo.