El subdirector técnico del Centro de Seguridad Integral y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Patricio Santos Poblete, analizó en una carta al director publicada por La Tercera, el avance del crimen organizado y las amenazas que han comenzado a afectar a autoridades locales. Su reflexión surgió a propósito de la amenaza de muerte contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.
El profesor Santos sostuvo que este tipo de hechos representa un punto de inflexión, porque muestra cómo las organizaciones criminales buscan intimidar a quienes ejercen funciones públicas y recuperar espacios de control.
El académico recordó que la Asociación Chilena de Municipalidades ya había advertido sobre esta situación. Según señaló, más del 70% de los alcaldes de la Región Metropolitana había recibido algún tipo de amenaza y un 17% de ellas correspondía a amenazas de muerte.
Asimismo, explicó que cuando el Estado intenta recuperar territorios o desarticular estructuras criminales, estas suelen reaccionar con violencia. Para ejemplificar lo anterior, mencionó casos registrados en Chile, Paraguay y México.
Crimen organizado y presión sobre autoridades locales
El académico planteó que los alcaldes y sus equipos municipales no pueden asumir funciones que corresponden a las fuerzas de orden y seguridad pública.
A su juicio, el problema aparece cuando organizaciones criminales intentan imponer condiciones o monopolizar el uso de la fuerza, generando amenazas directas contra autoridades y comunidades.
En ese contexto, el subdirector técnico del Centro de Seguridad Integral sostuvo que la respuesta no puede limitarse únicamente al ámbito policial o judicial.
También advirtió que, junto con la violencia, aparecen fenómenos como la intimidación, la ocupación de plazas y la normalización de la incivilidad. Frente a ello, destacó el rol de la familia, la escuela y la comunidad para recuperar espacios de convivencia.
Seguridad y reconstrucción del tejido social
Para el profesor, el Estado puede establecer límites y ejercer control, pero no puede reemplazar a la sociedad en la tarea de formar ciudadanía.
Por eso, sostuvo que enfrentar el crimen organizado también exige fortalecer la capacidad de socialización de las comunidades y reconstruir la confianza en los espacios públicos.
Asimismo, el académico llamó a dejar de entender la seguridad como un problema exclusivo de policías, fiscales, jueces y cárceles.
En su reflexión, planteó que la respuesta requiere una mirada más amplia, en la que ciudadanos, instituciones, autoridades, Gobierno y Congreso compartan responsabilidades para fortalecer la agenda de seguridad y recuperar la confianza social.