El académico Enrique Navarro, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y exministro del Tribunal Constitucional, analizó la reforma constitucional de seguridad ingresada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast al Senado. En entrevista con La Mañana en Vivo de T13, el docente abordó la necesidad de modificar la Carta Fundamental, la creación de un nuevo estado de excepción y las restricciones de derechos contempladas en la propuesta.
La iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y busca incorporar nuevas herramientas para enfrentar problemas de seguridad. Entre sus puntos se encuentra la creación de un estado de excepción constitucional específico ante graves alteraciones provocadas por organizaciones criminales o terroristas.
Frente a la discusión sobre la necesidad de reformar la Constitución, el profesor explicó que la actual Carta Fundamental ya establece el deber del Estado de proteger a la población. Según señaló, tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que esa obligación también comprende la seguridad de las personas y sus familias.
El académico reconoció que la seguridad constituye actualmente una necesidad ciudadana. Sin embargo, planteó que una reforma constitucional debería concentrarse en materias específicas y que una propuesta de mayor alcance requiere un análisis más profundo.
Reforma constitucional de seguridad y estados de excepción
Uno de los aspectos que el profesor Navarro abordó con mayor atención fue la extensión del nuevo estado de excepción. La propuesta permitiría aplicarlo durante 120 días y prorrogarlo hasta alcanzar un máximo de 240 días.
El docente sostuvo que una medida de esa duración requiere la participación del Poder Legislativo, especialmente cuando permite restringir derechos fundamentales.
En ese sentido, el profesor explicó que “el Congreso debe actuar como mecanismo de contrapeso en estados de excepción”, y agregó que aquellas decisiones que impliquen suspender derechos fundamentales deben contar con participación legislativa.
El exministro del Tribunal Constitucional comparó además la extensión propuesta con las atribuciones que recibe el Ejecutivo durante un estado de asamblea, asociado a una situación de guerra externa. Por ello, recalcó la importancia del control institucional cuando estas facultades se mantienen durante períodos prolongados.
Asimismo, recordó que las medidas adoptadas durante los estados de excepción pueden impugnarse ante los tribunales de justicia.
Derechos fundamentales y acuerdo en seguridad
El académico también analizó la propuesta de establecer restricciones para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo.
Sobre este punto, advirtió que llevar estas sanciones hacia la pérdida de derechos fundamentales, incluidos derechos de carácter previsional, enfrenta límites en la propia Constitución. Por ello, explicó que avanzar en esa dirección también requeriría modificar el texto constitucional.
Más allá de las disposiciones específicas del proyecto, Navarro planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo amplio en esta materia. A su juicio, el país debe construir un acuerdo en seguridad, mientras que las modificaciones a la Constitución deberían reservarse para aspectos concretos que efectivamente necesiten un cambio de esa naturaleza.
De esta forma, el profesor llamó a analizar en profundidad el alcance de la propuesta, especialmente respecto de las atribuciones presidenciales, el control del Congreso y las eventuales restricciones de derechos fundamentales.