Cristóbal Aguilera, académico del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, reflexionó sobre el rol que cumple el Tribunal Constitucional en el control de las leyes, a propósito del reciente fallo que declaró inconstitucionales diversas disposiciones del proyecto Escuelas Protegidas.
En una carta publicada en La Tercera, el docente analizó los límites de la justicia constitucional y la relación entre las decisiones judiciales y el proceso democrático.
En su análisis, el académico sostuvo que este caso abre una discusión que trasciende el proyecto en particular y permite revisar el papel que corresponde al Tribunal Constitucional cuando debe pronunciarse sobre materias que involucran derechos fundamentales y decisiones adoptadas por el legislador.
El profesor Aguilera recordó el debate desarrollado por Hans Kelsen y Carl Schmitt sobre la justicia constitucional para explicar que el control de constitucionalidad exige un especial cuidado cuando se analizan conceptos como igualdad, libertad o justicia.
A su juicio, en este tipo de materias resulta relevante que el Tribunal Constitucional actúe con deferencia hacia las decisiones adoptadas por el Congreso, especialmente cuando la Constitución no entrega una respuesta única respecto del conflicto planteado.
“Hace casi un siglo, Hans Kelsen advirtió que, cuando el control de constitucionalidad descansa en conceptos como igualdad, libertad o justicia, el juez constitucional termina vinculando la vigencia de la ley a concepciones morales y políticas respecto de las cuales no puede decidirse imparcialmente”, indicó el académico Aguilera.
Una reflexión sobre los límites del Tribunal Constitucional
En su carta al director, Aguilera afirmó que es posible discrepar de determinadas decisiones legislativas desde un punto de vista político, pero advirtió que ello no implica necesariamente que esas normas sean contrarias a la Constitución.
En ese sentido, señaló que declarar la inconstitucionalidad de una ley requiere distinguir entre los desacuerdos políticos y aquellos casos en que efectivamente existe una infracción constitucional.
Asimismo, explicó que trasladar este tipo de debates al ámbito judicial puede generar que controversias propias del proceso democrático terminen resolviéndose a partir de la interpretación de una mayoría circunstancial del Tribunal Constitucional.
Finalmente, el académico destacó la importancia de mantener criterios de prudencia institucional al ejercer el control de constitucionalidad, especialmente cuando se trata de materias que admiten distintas soluciones dentro del marco constitucional.
A su juicio, este tipo de decisiones exige resguardar el equilibrio entre la función de control que corresponde al Tribunal Constitucional y el respeto por las atribuciones que la Constitución reconoce al legislador democrático.