El proyecto que presentó el Gobierno sobre el Registro Nacional de Vándalos recibió cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Sobre ello, Joaquín Palma, académico del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, analizó sus alcances en Radio ADN.
En particular, explicó que el debate debe centrarse en la proporcionalidad de las medidas y en la justificación de las consecuencias que contempla. Así, se debe considerar tanto los objetivos de seguridad pública que persigue el proyecto como el respeto a las garantías constitucionales.
En ese sentido, sostuvo que la evaluación dependerá del contenido definitivo de la propuesta y no de criterios generales. El proyecto propone crear un registro para personas condenadas por determinados delitos e incivilidades. Además, contempla restricciones para acceder a beneficios estatales, programas sociales y otros servicios.
Registro Nacional de Vándalos y el principio de proporcionalidad
Sobre los alcances de la propuesta, el académico explicó que “la Constitución exige que las diferencias de trato tengan una justificación razonable y que, por tanto, las medidas que adopte el legislador sean adecuadas a los fines que persiguen”.
En ese sentido, indicó que las restricciones no pueden responder únicamente a un criterio general. Por el contrario, deben guardar una relación directa con los objetivos de la ley y con la gravedad de las conductas sancionadas.
Además, el académico sostuvo que el principio de proporcionalidad constituye uno de los elementos centrales para evaluar la constitucionalidad del proyecto. Por ello, consideró necesario revisar cuidadosamente el diseño de cada una de las medidas propuestas.
Conductas de distinta gravedad requieren sanciones proporcionales
Por otro lado, el académico destacó la necesidad de diferenciar las consecuencias aplicables a conductas de distinta gravedad. “Perfectamente podrían surgir cuestionamientos si existen conductas de gravedad muy distintas que van a recibir exactamente las mismas consecuencias”, señaló.
Según explicó el profesor Palma, el principio de proporcionalidad exige que exista coherencia entre la gravedad de cada conducta y las medidas que establece la ley. Por ello, advirtió que este punto deberá ser revisado durante la discusión parlamentaria.
Sin embargo, el docente Joaquín Palma afirmó que la constitucionalidad de la iniciativa solo podrá evaluarse una vez conocido el contenido definitivo del proyecto. Además, la discusión legislativa representa una oportunidad para perfeccionar el proyecto y asegurar que las medidas que contemple respeten los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución.