Es de los profesores que, antes de impartir la primera clase, se aprende los nombres de sus alumnos y busca sus fotografías. Así, cuando los tiene frente a él, los reconoce y, al invitarlos a participar, los llama por su nombre y apellido. Los jóvenes se sorprenden. “Es muy relevante para mí, porque los estudiantes no son números, son personas”, dice.
Abogado de la UC y magíster en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría internacional en prevención de corrupción, libre competencia e integridad corporativa. Cuando el país se ve sacudido por escándalos de alta connotación pública —como la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias o el caso Hermosilla—, es una voz experta y una fuente habitual de consulta.
Tras más de dos décadas liderando programas de postgrado y centros académicos en la Universidad Católica, Ricardo Jungmann asumió en marzo de 2025 como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae con un objetivo concreto: ordenar, definir identidad y acelerar cambios. “El primer paso fue hacer un diagnóstico, luego conformar equipo y finalmente trazar una hoja de ruta clara”, resume.
Facultad con sello propio
—¿Fue difícil dejar más de veinte años en la UC para venirse a una universidad más joven y pequeña?
—Fue una decisión meditada, más que difícil. Llegué a la Católica en 2004 por invitación de don Arturo Irarrázaval para construir una nueva facultad desde sus bases. Después de veinte años creando y liderando programas y centros de formación, sentí que había cumplido un ciclo. Cuando surgió esta oportunidad, ni siquiera sabía que estaban buscando un decano. Pero luego de algunas conversaciones, sentí que era el momento de asumir nuevos desafíos. Venirme a la Finis Terrae me hizo sentido por varias razones: la oportunidad de incidir en la formación integral de cientos de jóvenes y de aportar a la movilidad social a través de una facultad con más de mil estudiantes y cien profesores.
Mi primer trabajo como abogado fue aquí, en la Universidad de Alonso de Valle, que posteriormente se fusionó con la Finis Terrae. Trabajé con el abogado y decano Fernando Barros y con don Eliodoro Matte. Fue una etapa desafiante que me permitió ver de cerca cómo se construye una institución con identidad propia.
—No llegó solo, trajo un equipo amplio. ¿Esa estrategia responde a fortalecer la identidad, la investigación, la docencia o la gobernanza?
—En cualquier organización, lo primero es hacer un diagnóstico rápido; lo segundo, conformar el equipo, y lo tercero, avanzar con una planificación estratégica: definir qué somos, hacia dónde vamos y con qué medios contamos. Hemos incorporado más de 30 profesores con vocación por la formación y hemos trabajado en los ejes estratégicos que deben distinguir a nuestra facultad.
—¿Cuál es hoy la identidad de la Facultad de Derecho de la Universidad y en qué se diferencia del resto?
—La profesión de abogado vive una crisis ética, frente a la cual es fundamental volver a colocar a la persona al centro y al servicio de los demás. Ofrecemos una formación jurídica que fomenta la libertad responsable y la dignidad humana, con una vocación por la justicia y la promoción del bien común. Varias facultades de derecho creen en una sociedad libre, como nosotros, pero no tienen una mirada trascendente de la persona propia de una universidad católica. Eso marca una diferencia real en cómo formamos a nuestros futuros abogados.
—Hizo cambios en la malla curricular. ¿Qué busca potenciar?
—A partir de una identidad clara como facultad, equilibramos y ampliamos la oferta curricular para formar profesionales atractivos tanto para el sector público como para el privado. Definimos cuatro líneas de investigación: familia y políticas públicas, gobierno corporativo responsable, persona y Estado de Derecho, y contexto digital y nuevas tecnologías. La innovación será un foco relevante. Debemos hacernos cargo de las oportunidades que representa la inteligencia artificial, integrándola a lo largo de toda la carrera, pero también enseñando a utilizarla éticamente y sin perder de vista el análisis crítico.
Calidad, posicionamiento y responsabilidad ética
—¿Cree en los rankings?
—Sí, en términos relativos. En términos cuantitativos, son capaces de mostrar avances y brechas en relación con los competidores, lo cual es útil para definir cursos de acción. Sin embargo, no captan la riqueza ni la identidad propia de una institución. Un ranking no mide el compromiso con la formación que tienen los profesores, ni el liderazgo o la integridad de los alumnos. Esos elementos definen el tipo de profesional que estás ofreciendo a la sociedad.
—¿Cuál es su meta de posicionamiento?
—Ser reconocidos como un referente nacional con sello e identidad propia. Sabemos que contamos con una facultad rigurosa y exigente, con altos índices de empleabilidad y remuneraciones competitivas. Pero también identificamos un desafío importante: dar mayor visibilidad a lo que somos y estamos haciendo. Para eso, creamos una unidad de Coordinación de Aseguramiento de la Calidad, porque la calidad no se predica, hay que demostrarla con evidencia.
—¿Quedó conforme con las cifras de admisión de este año?
—Sí. Logramos un salto aproximado de treinta puntos en la PAES, que el año pasado fue particularmente difícil. Treinta puntos no es algo circunstancial. Vamos paso a paso, pero estamos empezando a generar el impacto que buscamos. Es un trabajo de mediano y largo plazo, con momentos de satisfacción, pero también de adversidad. Sin embargo, hemos conformado un equipo directivo muy comprometido y de alto nivel, con el cual puedo asegurar que alcanzaremos las metas propuestas.
—¿Qué acciones está desarrollando con los egresados?
—Identificamos que teníamos una red de egresados muy incipiente y hemos comenzado a levantarla profesionalmente. La respuesta ha sido muy gratificante: ex alumnos comprometidos con su universidad que hoy son socios de reconocidos estudios jurídicos, fiscales de empresas o actores relevantes del ámbito público y judicial. Eso confirma el aporte que esta facultad ha hecho a la sociedad, muchas veces en silencio.
—Usted es experto en derecho económico y libre competencia. En muchos casos de alta connotación pública se han visto involucrados abogados. ¿Cuánto se reflexiona sobre esto en su facultad y qué responsabilidad tienen las universidades?
—Lo primero es reconocer con sinceridad que la profesión vive un momento de profunda crisis ética. Basta seguir las noticias para ver la participación de abogados en casos de corrupción desde distintas esferas, lo que se complementa con encuestas donde la confianza ciudadana en el poder judicial y en la probidad de los abogados queda en tela de juicio.
Desde esa perspectiva, las facultades de derecho tenemos una responsabilidad ineludible. Nuestra decisión ha sido clara: enfrentar a los alumnos a casos y dilemas éticos a lo largo de toda la carrera, no solo en un curso. A los profesores les pedimos profundizar en la aplicación práctica del derecho, y como facultad hemos iniciado un ciclo de seminarios para debatir el rol ético del abogado en el ámbito público y privado.
Para entender de dónde viene ese compromiso, el decano apunta a una influencia cercana y cotidiana: la de su padre, Eduardo Jungmann, ingeniero con una profunda sensibilidad humanista, fallecido recientemente. En casa, las conversaciones sobre investigación y las lecturas constantes fueron sembrando una inclinación hacia lo humanista que hoy Jungmann reconoce como propia. “De mi familia aprendí que, para ser respetado, uno debe tratar a los demás con el mismo respeto y que, para vivir en paz, siempre hay que actuar éticamente”, dice. Una convicción que hoy intenta transmitir, nombre por nombre, a cada uno de sus estudiantes.