A raíz de la denuncia de alcaldes por eventuales sobreprecio del gas en una licitación, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Felipe Bravo, abordó los alcances de lo expuesto. En entrevista con Chilevisión Noticias, el experto analizó el escenario actual en materia de adquisición de cilindros por parte de organismos estatales, así como el margen de acción de la Fiscalía Nacional Económica.
El profesor de Derecho Económico explicó que el concepto de sobreprecio no es absoluto. Esto se debe a que depende del punto de comparación que se utilice. Según indicó, los alcaldes compararon los valores con el convenio marco, mecanismo que permite a organismos públicos acceder a precios más bajos que el de mercado.
En ese contexto, reconoció que, bajo esa referencia, sí se observaban valores más altos en la licitación. Sin embargo, advirtió que, si se comparaban con el precio de mercado, los montos podían resultar incluso más bajos.
Explicación de un sobreprecio del gas
Entre los argumentos expuestos por las empresas, justifican el valor indicado debido al alza internacional del gas. El académico complementó que el precio es altamente fluctuante y que, en ese escenario, comprometer un valor fijo por un año resulta complejo. Esto, a diferencia del convenio marco, donde los precios se reajustan periódicamente.
En esa línea, el profesor Bravo sostuvo que la estructura de la licitación generaba dificultades. A su juicio, fijar precios sin reajuste en un mercado inestable hacía menos atractivo el proceso para las empresas.
Respecto a una eventual denuncia por colusión ante la Fiscalía Nacional Económica, el académico mostró cautela. No basta con observar precios similares para acreditar una infracción, según señaló. Además, explicó que se requieren antecedentes concretos y que las investigaciones pueden extenderse por varios meses.
Finalmente, el experto planteó que las condiciones de la licitación podrían debilitar la posición de los municipios. Esto, debido a que no consideraron adecuadamente la volatilidad del mercado.
También descartó que las empresas estén cobrando más caro al Estado. Indicó que actualmente existen mecanismos que permiten precios más bajos para organismos públicos que para consumidores particulares.