En el Workshop SinergIA de la Vicerrectoría de Investigación, Creación Artística y Doctorado de la Universidad Finis Terrae y el Ministerio de Defensa Nacional de Chile, la profesora Betty Martínez-Cárdenas planteó la necesidad de generar un equilibrio entre seguridad y privacidad, en el marco de la creación de la Agencia Nacional de Datos (ANPD).
La académica de la Facultad de Derecho advirtió que “la reciente Ley 21.719, que reemplazó a la Ley 19.628, si bien previó principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad, seguridad y transparencia para proteger el derecho de la persona a tomar decisiones sobre el procesamiento de datos personales por entidades públicas y privadas, no menciona ni indica algún tipo de excepción ordinaria y general para el procesamiento de información para seguridad nacional, defensa o inteligencia”.
En su columna publicada en El Mercurio Legal, “Privacidad de los datos y rol de la Agencia Nacional de Datos frente a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI): un diálogo imprescindible”, la profesora señaló que “sin una excepción bien regulada, ninguna de las dos instituciones tendrá ventajas”.
Ante esto, “la ANPD carecerá de las herramientas prácticas para obligar a la ANI a revelar qué datos personales recopila, cómo los utiliza, cómo los almacena o cuántos datos procesa; es decir, la ANPD no podrá fiscalizar una de las áreas que representa el mayor riesgo para los derechos fundamentales”, indicó.
Junto a lo anterior, “la ANI parecería ganar una ventaja, pero que es en esencia peligrosa: Chile podría estar implementando sistemas de vigilancia automatizados sin evaluación de impacto, sin transparencia y sin límites claros”, planteó la académica.
Finalmente, la profesora reiteró la necesidad imperativa de “formular legislativamente una buena excepción destinada a asegurar el equilibrio necesario entre seguridad y privacidad”.
