El Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finis Terrae presentó los resultados del Estudio “Impacto del crimen organizado y el narcotráfico en la frontera norte de Chile: Estrategias para la protección de los derechos humanos y cooperación internacional”. Esta investigación fue adjudicada en el Concurso de Estudios de Política Exterior 2025 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
A diferencia de otros análisis centrados en cifras o controles policiales. El proyecto se propuso comprender cómo operan las redes criminales, cómo responden los Estados y cuáles son los efectos reales sobre las comunidades que habitan el territorio fronterizo.
Para ello, el equipo, compuesto por Vanessa Cárdenas (investigadora principal), Alberto Rojas (director del Observatorio) y Luis Lira (académico de la Escuela de Periodismo y Comunicación) desarrolló un trabajo comparado entre Chile, Perú y Bolivia.
En palabras de Luis Lira, uno de los investigadores, para el Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo y Comunicación “haber elaborado este proyecto y trabajo de este fondo que nos adjudicamos de Cancillería, fue un gran aporte”.
Además, agregando que les permite “llevar a cabo este trabajo y desarrollar una metodología que permita hacer un aporte para Cancillería. Por sobre todo en un tema tan importante que es el crimen organizado transnacional, que está en boga en estos días”.
Comprender la frontera desde sus actores
El estudio se construyó a partir de entrevistas en profundidad a autoridades policiales y judiciales, operadores de frontera, periodistas especializados, líderes sociales y organizaciones vinculadas a la movilidad humana. Se eligieron actores con conocimiento directo de la seguridad fronteriza, lo que permitió observar el fenómeno desde dentro.
Además, en una investigación de este calibre, se informó que las fuentes no pueden ser reveladas debido a su importancia y cercanía con este tema tan importante y tan complejo de llevar. La protección de las fuentes no solo es una decisión metodológica: es una condición ética, legal y de resguardo personal.
Las entrevistas semiestructuradas facilitaron un análisis comparado entre los tres países, mientras que la investigación se complementó con un análisis de medios digitales. En la que se orientó a comprender cómo se construyen las narrativas públicas sobre el crimen en la región.
Este enfoque permitió identificar patrones comunes más allá de cada frontera administrativa. La circulación de organizaciones transnacionales, la respuesta institucional fragmentada y los efectos acumulativos sobre las comunidades.
Hallazgos principales: crimen transnacional, comunidades vulneradas y cooperación subutilizada
El informe revela que el crimen organizado transnacional opera “de manera articulada a través de la frontera norte de Chile. Así aprovechando la desconfianza persistente entre los Estados, la fragmentación institucional y la ausencia de políticas sostenidas de cooperación”.
Lejos de ser un fenómeno localizado, el estudio muestra que predominan organizaciones criminales de carácter transnacional. En estos que utilizan flujos migratorios irregulares, rutas de contrabando y debilidad del control territorial para expandirse en la región.
El análisis evidencia que las comunidades fronterizas enfrentan simultáneamente altos niveles de inseguridad y vulneración de derechos humanos, “tanto por la acción directa de las organizaciones criminales como por las respuestas reactivas y extraordinarias del Estado”. Aunque existe presencia militar y policial, esta es percibida como insuficiente o meramente simbólica. Por su lado, los programas sociales y de protección comunitaria resultan intermitentes o desarticulados.
Asimismo, la investigación constata que los instrumentos internacionales disponibles para la cooperación en materia de crimen organizado —incluyendo mecanismos binacionales y multilaterales— se encuentran subutilizados. A pesar a su potencial para articular respuestas coordinadas de prevención.
Presentación y análisis del estudio
Vanessa Cárdenas, investigadora de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la U. Finis Terrae e integrante del Observatorio de Asuntos Internacionales, abordó algunos de los resultados del estudio. “Una de las cosas que más nos llamó la atención es el desconocimiento conceptual de los derechos humanos y quién puede violarlos”, indicó.
“Tanto técnicos, agentes institucionales y la sociedad en general desconocen y tienen una mala o confusa información sobre los derechos humanos. Es por esto que creemos fundamental una campaña de comunicación donde se expliquen los derechos humanos y a partir de ahí se entienda que estos no son excluyentes de una buena política de seguridad”, puntualizó.
Otra de las expositoras fue Chiara Bologna. Ella es representante del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI, en su sigla en inglés).
En sus análisis, Bologna planteó que “UNICRI tiene herramientas que son muy importantes y que pueden ser utilizadas por los Estados miembros, incluso Chile”.
En esta línea, puso como ejemplo “una que incluye el kit de herramientas sobre el nexo entre el crimen organizado y terrorismo, que está basado en 25 buenas prácticas que hemos desarrollado a lo largo de los años y viendo regiones distintas. Ese es un documento que, sin tener que reinventar la rueda, puede ser utilizado en este contexto también”.
