Con su tesis la joven abogada ya ha iluminado políticas públicas sobre la violencia intrafamiliar rural. Siguiendo su vocación por la justicia social, partirá a un magíster en España.
Javiera Donoso Cantero. Abogada en Graham Miller Liquidadores de Seguros y Alumni Finis Terrae
Es Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Finis Terrae, donde ha sido ayudante de las cátedras Derecho Romano y Derecho Civil. Su memoria de 2022 se titula “Violencia intrafamiliar a la mujer rural. Análisis jurisprudencial de la Ley N° 20.066. Años 2011- 2021”, que realizó gracias a su trabajo en terreno en Calera de Tango, en el SernamEG (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género), donde además se certificó como agente preventivo de violencia contra las mujeres. Fue asistente en el Tribunal Eclesiástico Obispado de San Bernardo, y actualmente ejerce como abogada en Graham Miller Liquidadores de Seguros.
Su abuelo y la educación católica que recibió, marcaron su vocación. Don Alfredo Donoso, hoy de 94 años, traspasó a su nieta el amor por la literatura, la poesía, el conocimiento, la historia. De hecho, él le enseñó a leer con el clásico “Silabario”. Además, cuenta Javiera, fue clave en la elección de la universidad donde estudiar Derecho, porque solía ver a la Finis Terrae en “El Mercurio”, que para él era lectura obligada.
El colegio Sagrado Corazón de San Bernardo, con sus misiones de ayuda a personas en situación de calle, fue la segunda gran influencia de Javiera para optar por la Finis, justamente por su inspiración cristiana. Siendo una escolar, ya se instaló en ella la misión de ayudar a los más necesitados, especialmente si se trataba de una mujer en contexto de vulnerabilidad.
Javiera Donoso se tituló de abogada en 2023, pero al repasar su trayectoria parece que llevara años ejerciendo, y con un foco muy preciso: ayudar a las víctimas de abuso. Su tesis es una buena síntesis de su motivación: “Violencia intrafamiliar a la mujer rural. Análisis jurisprudencial de la Ley N° 20.066. Años 2011- 2021”.
Cuando salí de la universidad tenía que hacer la práctica y mi círculo la estaba haciendo en la Corporación de Asistencia Judicial. Ahí veían distintas causas, como inscripción de propiedades o pensión de alimentos. Pero yo ya había trabajado en esos temas en la Clínica Jurídica de la Universidad. Entonces dije: ‘Ya estuve un semestre en esa materia, quiero probar con otras cosas’. Y postulé a una práctica en el SernamEG cerca de mi casa. Seleccioné Buin, San Bernardo, Pirque y Calera de Tango, en los centros de la mujer que tiene cada municipalidad. Y al mes siguiente me llamaron del centro de la mujer de Calera de Tango y fue maravilloso.
“Esa práctica me marcó mucho”, vuelve Javiera a su labor en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, institución que materializa las políticas públicas del ministerio del ramo. “Llegaban mujeres de Calera de Tango y Padre Hurtado. Ahí me di cuenta de que todavía falta tanto para proteger a la mujer en todo sentido, en el área judicial, jurídica, en legislación, en policías, en lo social”.
Un cambio. Mientras estaba haciendo la práctica (en SernamEG), empecé a pensar un tema para mi tesis y dije: ‘Si estoy aquí dedicándome a esto, voy a aprovechar de hacer preguntas a mis compañeras, que eran de distintas áreas, psicólogas, trabajadoras sociales, otras abogadas que tienen mucho más conocimiento y experiencia que yo. Si yo era una niñita recién entrando ahí’.
Lo cierto es que al momento de realizar su práctica profesional, Javiera ya acumulaba experiencia en temáticas de género. Desde que cursaba tercer año en la Finis había empezado a entrenarse como procuradora en el Tribunal Eclesiástico de San Bernardo.
“Los casos que veíamos eran de nulidades matrimoniales eclesiásticas. Ahí atendía mayoritariamente a mujeres que llegaban por temas de violencia intrafamiliar. Eran mujeres que por años habían vivido violencia muy fuerte, con violencia sexual incluso. Ahí ya empecé a interiorizarme con el tema de la violencia de género”, describe.
La joven abogada cuenta que el principal desafío de esos casos pasaba precisamente por la relación de esas víctimas con la fe. “Eran mujeres de un estatus social mucho más bajo, gente muy católica para la que el vínculo matrimonial era algo muy importante en su vida. Aprendí mucho del trato con las personas, a cuidar el no revictimizar y a ponerme en el lugar de otro. Eran realidades de vida muy fuertes. Y todos estos procesos para solicitar la nulidad se veían aquí y después se mandaban todos los antecedentes a Roma”, explica. “Todo tenía que ser muy meticuloso, sobre todo en las entrevistas porque eran temas muy sensibles y lo que se buscaba era poder probar que ese vínculo matrimonial estaba viciado”.
Por ejemplo, demostrando que toda la vida se vivió violencia o que se faltó a los valores del matrimonio. Pasaba mucho que los sacerdotes cuando querían bautizar al hijo les decían: “Si no están casados, no puedo bautizar al hijo”. Y se las obligaba a casarse para poder tener el bautizo. Pero la mayoría era por temas de violencia intrafamiliar.
Con las causas que llegaban al centro del SernamEG me fui dando cuenta de que las mujeres que eran abusadas o maltratadas en zonas rurales no denunciaban. Sentían que el sistema “no las pescaba”. Les preguntaba por qué y decían que no querían ir a tribunales porque si les ponían una medida cautelar (de protección), Carabineros no llegaba a sus casas por la distancia. Y ahí dije: “Esta es la mía, quiero investigar más del tema”.
Javiera se encontró con una gran dificultad para desarrollar su investigación: la ausencia de datos de acceso público para analizar las condenas por Ley 20.066, de violencia intrafamiliar. “Fue muy frustrante. ¿Cuántas mujeres denuncian por violencia intrafamiliar?, ¿cuántas tienen sentencia? o ¿cuántas están con causa judicial? Las instituciones que son las encargadas no tenían esos datos”, cuenta.
Sí, pero no podía ocupar esos datos. Pedí autorizaciones. Envié muchos formularios por OIRS (Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias). Mandé correos a la Corte Suprema, al Poder Judicial, y siempre la misma respuesta: las sentencias están con datos anónimos, entonces no pueden ser compartidas, ni publicadas. Hasta mi profesora guía, Ángela Arenas, intercedió para ver si la Facultad se la podía jugar con la Municipalidad de Calera de Tango. Pero tampoco.
Tenía los datos de violencia, en zonas rurales. Y en internet encontré algunas sentencias anonimizadas, unas 15 sentencias. Entonces la profesora me dijo: “Hagamos este análisis con esas sentencias y tu gran análisis será ese: cómo no existen datos en las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. ¿Cómo se van a hacer buenas políticas públicas así?’.
Finalmente, la tesis resultó tan iluminadora, que la profesora Arenas se ha encargado de difundirla en seminarios en los que la misma Javiera expone. E incluso, el SernamEG busca ampliar sus instrumentos de medición a la luz de las falencias reveladas por este trabajo de investigación.
“El SernamEG, en conjunto con la Fiscalía, realizaban encuestas de violencia a mujeres entre 18 y 70 años. Pero sólo a mujeres urbanas, y de las mujeres rurales, nada. Después (de la tesis) trataron de hacer una encuesta a las mujeres rurales en la región de Los Ríos, pero no resultó aplicable, porque se hizo en un contexto de pandemia. Entonces ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que la cosa sí estaba muy mal”, describe.
Es más, las mismas sentencias nos mostraban cosas increíbles: lo que para un tribunal en La Serena era violencia para otro de Valdivia no lo era porque, por ejemplo, que el hombre llegue borracho y le pegue a su mujer está mucho más normalizado en el sur que en el norte. Es fuerte sentir que uno está desde su computador, sin poder hacer nada más.
Muchas cosas. La misma ley de violencia intrafamiliar perjudica a la mujer, porque al final protege la integridad de la familia, y falta de normativa propia para ellas. Entonces, teníamos que basarnos en tratados internacionales para llegar a proteger a una mujer que estaba siendo víctima de violencia. Y falta más: en el mismo Poder Judicial hay funcionarios que no están especializados en temas de género. O sea, estamos en 2023 y los que trabajan en tribunales de familia sí o sí deberían estar capacitados. Me tocó ver mujeres que quedaban con medida cautelar de orden de alejamiento y que llamaban insistentemente a la policía porque las iban a matar, y Carabineros no alcanzaba a llegar.
Si bien la experiencia enriqueció su formación profesional, también afectó su estabilidad emocional. “Llegaba a mi casa con ganas de llorar. Con impotencia. Después de haber estado todo el día en una comisaría tratando de sacar a una mujer de ahí, porque se las llevaban detenidas por violencia cruzada. Y sin poder hacer nada. Yo en mi casa y esa mujer en un calabozo, ahí sola, golpeada. Yo pensaba que eso se veía en las películas o teleseries, pero yo lo estaba viendo ahí. Era la realidad”.
Actualmente, Javiera Donoso trabaja como abogada en una liquidadora de seguros. “Estoy dedicada al área de seguros de responsabilidad civil con un equipo a cargo.
Y ha sido increíble, de verdad digo: ‘Qué bien me formó la universidad’, todo el aprendizaje que tuve, porque no me ha costado nada la vida laboral”. Y aunque su trabajo actual parece alejado de su misión de vida, Javiera es consecuente: está preparando un viaje a Valencia, España, para hacer un magíster en temas de género, dentro de las empresas. “Cuando entré a esta empresa (aseguradora) me di cuenta que les faltaba equidad. Me presentaron a todos los gerentes y lo primero que pensé fue: “Qué increíble, no hay ningúna mujer gerenta”. De hecho, somos seis mujeres, en una empresa de 54 personas. Esto ya no se puede dar”.