En una columna de opinión publicada en El Mercurio, el rector de la Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, advirtió sobre la necesidad de replantear el financiamiento de la educación superior en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto de la nación. En su análisis, la autoridad académica sostuvo que el país mantiene una inversión desproporcionada en este nivel educativo en comparación con el estándar internacional, lo que compromete la asignación de recursos hacia otras prioridades sociales urgentes y niveles de formación inicial con mayor retorno distributivo.
En su diagnóstico, Vargas argumentó que las cifras del gasto público nacional reflejan un desequilibrio estructural empujado por el costo de la gratuidad universal. “Chile destina a educación superior lo que casi ningún otro país del mundo hace. En efecto, nuestro país invierte un 2,7% del PIB en educación terciaria (contra un 1,5% en promedio de los países de la OCDE), siendo además el país que mayor porcentaje de su gasto público destina al nivel terciario (5,0% contra 2,7% en promedio de los países de la OCDE)”, precisó. Asimismo, cuestionó la efectividad del actual esquema al señalar que “la gratuidad no ha aumentado significativamente el acceso a la educación superior (…), ha significado un derroche de recursos relacionado con los estudiantes que no lograron titularse y ha representado un déficit enorme para las instituciones adscritas, especialmente para las universidades privadas”.
En ese contexto, el Rector planteó la urgencia de reestructurar la política para frenar la expansión del gasto y permitir que los futuros incrementos presupuestarios se destinen a los niveles parvulario y escolar. De acuerdo con la autoridad, resulta indispensable corregir la absorción de fondos que genera el sistema actual: “Es necesario, en suma, que esta política deje de ser el ‘agujero negro’ que ‘trague’ todo aumento presupuestario en educación”.
Finalmente, Juan Eduardo Vargas hizo un llamado a las autoridades universitarias a superar la defensa del statu quo y asumir un debate sincero en favor del bien común, recordando que la asignación presupuestaria exige definir prioridades sociales. “Debe sincerarse que un presupuesto es un ejercicio de prioridades y que la inversión en la primera infancia es, probablemente, la de mayor retorno social que puede hacer un país. Si hay que elegir, pues (…), la educación inicial es por donde debiéramos empezar”, sostuvo. En esa línea, concluyó enfatizando que, “si no iniciamos una discusión seria que permita rediseñar la gratuidad para acotar su costo fiscal, abriendo el espacio para el copago, la educación superior seguirá llevándose todos los recursos incrementales (…) postergando nuevamente a los niños y jóvenes, futuro de nuestro país”.
