
Para explicar qué es el derecho, Gloria Vargas Almonacid pone un ejemplo cotidiano: la propina. Ninguna norma legal impone la obligación jurídica de otorgarla y, aun así, su pago constituye una práctica generalizada. Este uso social —señala— demuestra que el fenómeno jurídico no se agota en la ley como mecanismo para orientar la conducta de las personas y que la sostenibilidad empresarial redirige la atención hacia otras fuentes de las obligaciones —como la declaración unilateral de voluntad—, evidenciando además que el derecho positivo, por sí solo, resulta insuficiente.
Con esa idea en mente llegó a una de las ramas más duras del derecho privado. Abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Talca y la Universidad de Valencia, y especialista en derecho comercial, es académica de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Impacto Regulatorio y Competencia Económica de la Universidad Finis Terrae. En su investigación doctoral propone una relectura de los deberes de diligencia y lealtad de los directores de sociedades anónimas abiertas a la luz de la sostenibilidad empresarial. Asimismo, su trabajo analiza el rol estratégico de las herramientas de corporate compliance para operacionalizar los objetivos que este enfoque plantea al directorio y cómo ello contribuye, a su vez, al cumplimiento de sus deberes.
“Aquí hay una rentabilidad y una ventaja competitiva”, insiste. No habla de caridad ni de filantropía. Habla de incentivos, de reputación, de responsabilidad. Una empresa que gestiona a tiempo sus riesgos ambientales y sociales, explica, ahorra costos y gana confianza en el mercado.
“¿Quién va a querer exponer al público que no está cumpliendo con algo? Nadie, a menos que haya un incentivo”.
El problema, sostiene, radica en la forma en que se regula. En Chile, los avances normativos han sido dispersos y fragmentados, y en ese escenario destaca el rol de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). A través de su Norma de Carácter General N° 461, de 2021, el regulador exigió a determinadas entidades fiscalizadas incorporar información financiera y de sostenibilidad en sus memorias anuales integradas, marco que posteriormente fue actualizado mediante la NCG N° 519, de 2024.
Pero informar no es suficiente. La mayoría de estas reglas funcionan bajo el principio de “cumplir o explicar”: una empresa puede no cumplir si entrega razones. “¿Quién va a querer exponer al público que no está cumpliendo con algo? Nadie, a menos que haya un incentivo”, resume.
Prevenir antes que sancionar
Por ello, su propuesta se inclina por la prevención: más que sancionar a posteriori, plantea crear incentivos para fomentar el cumplimiento temprano, como registros públicos de empresas cumplidoras. Además, pone el foco en un aspecto que trasciende las normas: la formación ética de quienes lideran las organizaciones.
“Si una empresa declara que respeta los derechos humanos, no aporta nada desde el punto de vista jurídico, porque eso ya es obligatorio; es el piso mínimo”.
—¿Las empresas chilenas están preparadas para cumplir estas normas o muchas tienen modelos solo de papel?
—Existen ciertos aspectos críticos que devienen de su diseño, ya que estas materias suelen formar parte del soft law, el cual nace al alero de la autorregulación: la empresa crea sus propias normas según sus necesidades. Si bien este mecanismo está presente en el derecho comparado, el problema surge cuando se le otorga un rol protagónico en asuntos que involucran intereses públicos, tales como el medio ambiente, el cambio climático o el impacto en las comunidades. En la Unión Europea ya se ha iniciado una transición desde la pura autorregulación hacia normas vinculantes. Por ello, en mi investigación comparo el ordenamiento chileno con la regulación internacional y, en particular, con el caso de España.
—¿Se podría aplicar esta exigencia a las pymes?
—Por supuesto que sí, tal como ocurre con los estándares de buen gobierno corporativo. Sin embargo, hay que analizarlo con un criterio realista: si una sociedad anónima que cuenta con recursos —y está obligada por la normativa— no cumple por falta de estímulos, ¿qué incentivo puede tener una empresa que lucha por su supervivencia económica en un contexto de hiperregulación? De ahí la necesidad de crear mecanismos que premien el cumplimiento.
—¿Qué debe tener una política de sostenibilidad para que realmente sirva?
—Tiene que ir más allá de lo que exige la ley. Si una empresa declara que respeta los derechos humanos, no aporta nada desde el punto de vista jurídico, porque eso ya es obligatorio; es el piso mínimo. La sostenibilidad empresarial apunta al sobrecumplimiento normativo, es decir, a superar lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente. Por ejemplo, en materia de corresponsabilidad parental, una compañía puede ampliar los permisos legales para los padres. En Chile esto ya ocurre, pero sobre todo en filiales de grupos internacionales con altos estándares. Cuando el marco regulatorio de origen es robusto, se genera un efecto cascada tanto hacia sus filiales como hacia toda su cadena de valor.
Impulso transformador
Lo que viene para la Dra. Vargas ya tiene forma: trabaja en la publicación de su tesis doctoral y proyecta una nueva investigación sobre sostenibilidad empresarial aplicada.
Ese mismo impulso transformador ha marcado su propia historia. Oriunda de la Región del Maule y doctora en una disciplina que todavía es mayoritariamente masculina, conoce de cerca lo complejo que resulta consolidar una trayectoria en este campo. Desde esa experiencia, hoy lidera su labor con la convicción de promover una mayor equidad y generar oportunidades para las futuras generaciones.