Con el objetivo de analizar el presente y las proyecciones del sistema formativo nacional, la Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Finis Terrae realizaron una nueva jornada del ciclo Diálogos para el Desarrollo. El encuentro, moderado por el director de la Escuela de Ingeniería Comercial, Ricardo Ruiz de Viñaspre, reunió al exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas UNAB, Raúl Figueroa, junto al rector de nuestra casa de estudios, Juan Eduardo Vargas.
Durante el diálogo, Figueroa puso el acento en las consecuencias financieras y de gestión que ha dejado la gratuidad tras una década de implementación, advirtiendo sobre la sobrerregulación que limita la capacidad de adaptación de las universidades.
Al abordar la fijación estatal de aranceles, el exsecretario de Estado cuestionó el cambio de enfoque introducido por la política pública. «Chile consiguió todo lo que tiene hoy en educación superior antes de la gratuidad, pero al cambiar el eje y hacer que el Estado financie los aranceles, este se vio obligado a fijar los precios. Paradójicamente, los únicos que han considerado que las universidades son empresas son quienes fijan esos precios», afirmó.
En esa línea, planteó abrir una discusión técnica para que el beneficio sea sostenible sin deteriorar la calidad institucional ni las arcas fiscales. «Llevamos diez años de esta política y este es el año en que debiésemos empezar a revisarla. ¿Para perjudicar a los alumnos? Por supuesto que no. ¿Para que esos mismos alumnos puedan estudiar en un sistema competitivo con el mundo? Sí, eso es lo que tenemos que hacer», señaló.
Asimismo, advirtió que la rigidez normativa dificulta modernizar los programas de estudio frente a los cambios tecnológicos, como ocurre con el acortamiento de carreras. «Chile tiene un peso regulatorio que es fuerte. Tenemos que tener un equilibrio entre la necesaria autonomía universitaria, la confianza a los ciudadanos y la regulación, porque si no se corre un riesgo muy grande de paralizar el sistema. No hacer cambios hoy significa desconectarse del mercado laboral y la industria. Necesitamos entregar flexibilidad y capacidad de acción a las universidades», sostuvo.
Figueroa también cuestionó los criterios de transferencia directa de recursos estatales, proponiendo avanzar hacia esquemas basados en desempeño. «Hoy existe una profunda distorsión en el financiamiento directo: mientras la Universidad de Chile se financia en torno a un 50% por aranceles y la Universidad Católica en un 65%, las instituciones privadas lo hacen en un 95%. En un sistema maduro, debemos cambiar la lógica hacia un financiamiento competitivo, donde se premie a quienes con sus capacidades demuestren mayor impacto», indicó.
Pese a sus críticas, reivindicó la libertad de elección y los avances históricos del país en cobertura y movilidad social. «Si hablamos de educación y no ponemos al ser humano al centro, estamos perdiendo el foco. Nuestro sistema se construye sobre el principio esencial de la libertad, permitiendo que las personas elijan. Tenemos un gran sistema educativo y debemos dejar de emporcar nuestro propio nido, porque sus resultados tienen un alto impacto en la calidad de vida», recalcó.
Prioridad a la educación escolar y parvularia
Por su parte, el rector de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, centró su análisis en el desequilibrio presupuestario que genera la gratuidad universitaria y su impacto directo en los niveles educativos iniciales, interpelando al Ejecutivo y al mundo político a abordar con urgencia una reformulación del sistema.
Vargas advirtió que mantener el diseño actual impide inyectar recursos frescos a las etapas formativas más tempranas. «Chile es el país de la OCDE que más recursos públicos destina a la educación superior. ¿Eso suena razonable en un país relativamente pobre como el nuestro? Si no somos capaces de rediseñar la gratuidad, cualquier incremento presupuestario que se pueda destinar a educación pasará a la educación superior. Si queremos defender la gratuidad y que sea viable, es imprescindible hacer un rediseño», explicó.
Ambos panelistas concordaron en la urgencia de reorientar el gasto público hacia la primera infancia y la educación escolar, donde el impacto social es mayor. «Chile está a la inversa de la mayoría de los países de la OCDE. Los recursos que se destinan a la educación superior son tremendamente altos respecto de los que se destinan a la educación escolar y parvularia, que tienen por cierto un mayor impacto social, lo que demuestra que el país está desbalanceado. Estamos abandonando niveles previos educativos que deben ser atendidos a la brevedad si es que estamos pensando en las generaciones futuras», puntualizó el rector Vargas.
En el cierre, Figueroa respaldó este diagnóstico y criticó los efectos de las reformas que eliminaron el copago y la selección. «La distorsión que generó ha sido muy amplia. Lo que hizo fue ir a los aspectos centrales de cómo estaba configurado nuestro sistema educativo con el objetivo declarado de mejorar la calidad, y se instaló un fantasma de que Chile era un país muy raro en materia educativa, y los efectos hoy en día son cero», concluyó.
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