Joaquín Palma, académico la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales cuatro artículos de la Ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca reforzar las herramientas para enfrentar hechos de violencia en las comunidades educativas.
El docente de Derecho Constitucional, quien participó durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, explicó que el fallo elimina parte de las medidas originalmente contempladas, pero no impide que la normativa continúe incorporando avances en materia de convivencia escolar.
Durante las primeras audiencias de la Comisión de Educación, Palma expuso sobre la constitucionalidad del proyecto mediante un test de proporcionalidad. En esa instancia, explicó que la propuesta original cumplía con ese estándar constitucional.
Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el académico señaló que la Ley Escuelas Protegidas pierde una de las herramientas que contemplaba para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales, aunque mantiene otros mecanismos.
“Claramente se pierde una herramienta, pero en el fondo existen distintos mecanismos para que todos en conjunto puedan desarrollarse. Obviamente sí, es más suave de lo que yo creo que el proyecto pretendía, pero hay un avance en ese aspecto”, declaró Palma.
Modificaciones a la Ley Escuelas Protegidas cambiaron el análisis constitucional
Según explicó el profesor Palma, durante la discusión parlamentaria se incorporaron indicaciones que modificaron aspectos relevantes del texto original. Precisamente, algunos de esos cambios fueron los que el Tribunal Constitucional terminó declarando inconstitucionales.
A su juicio, el fallo obliga a replantear parte de la iniciativa, pero no significa que desaparezcan todas las herramientas destinadas a fortalecer la convivencia y la seguridad en los establecimientos educacionales.
El académico agregó que la discusión legislativa permitirá evaluar nuevas alternativas para abordar estos desafíos, considerando los criterios fijados por el Tribunal Constitucional.