En una columna de opinión publicada en La Tercera, el rector de la Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, planteó la urgencia de rediseñar la política de gratuidad universitaria ante las complejas proyecciones del déficit fiscal y la deuda pública del país. En su análisis, la autoridad académica advirtió que el alto costo de esta medida ha mermado el financiamiento de otros niveles educativos con mayor impacto social.
En su diagnóstico, el Rector argumentó que el actual escenario macroeconómico obliga a revisar la sustentabilidad de la gratuidad, la cual ha sido cuestionada por su alto costo y su bajo impacto en el acceso efectivo. “El costo que ella representa implica no solo menores recursos para hacer frente a otras necesidades más acuciantes, sino que ha significado —en la práctica— menores recursos para los niveles educativos que tienen un mayor impacto social y distributivo, como el parvulario y escolar”.
En ese contexto, Vargas propuso transitar hacia un modelo de corresponsabilidad que combine la gratuidad inicial con un componente de financiamiento reembolsable en los años superiores. “Esto podría realizarse estableciendo que la gratuidad fuese completa durante los dos primeros años académicos, momento a partir del cual se incorporaría un componente creciente de crédito, el que podría llegar al 100% al terminar la duración de la carrera. De esta forma, se garantizaría un esquema de no-pago de arancel durante toda la etapa de estudios”.
Finalmente, Juan Eduardo Vargas sostuvo que modificar este diseño no solo responde a criterios financieros, sino también a un principio de justicia distributiva respecto a los futuros ingresos de los egresados. “Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que la gratuidad, tal como está diseñada, es financieramente insostenible, pero también en la premisa de que es justo pedir una retribución a quienes percibirán ingresos sustancialmente mayores que quienes no tengan un título profesional”. Asimismo, agregó que, frente a los consensos transversales y la discusión sobre el reemplazo del CAE, “urge pues iniciar un debate serio sobre esta política que propicie cambios en ella”.
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