La capacidad de las residencias públicas para personas mayores se encuentra tensionada frente a una demanda que los registros disponibles no permiten dimensionar completamente. Una radiografía elaborada por el Centro de Políticas Públicas en Salud (CPPS) de la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad Finis Terrae muestra que la red financiada por el Estado cuenta con 6.766 plazas, mientras cientos de personas permanecen en lista de espera y una parte importante de las postulaciones no llega siquiera a constituirse como espera efectiva.
El análisis, desarrollado por el Dr. Sebastián Zamorano Vidal, coordinador del CPPS, constituye la primera radiografía de la oferta pública de residencias para personas mayores en Chile construida a partir de registros oficiales, posterior a la tragedia ocurrida en un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de Pitrufquén. Para su elaboración se realizaron tres solicitudes de acceso a la información pública a SENAMA y el INE, respondidas entre agosto y septiembre de 2026, con datos al 31 de julio de este año. Las solicitudes fueron ingresadas antes del incendio ocurrido a comienzos de septiembre.
Los resultados fueron presentados el 23 de septiembre ante la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, en una sesión en la que también participaron la Subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y la ex directora nacional (S) de SENAMA, Karen Caiceo.
La radiografía muestra una red pública con capacidad limitada para absorber nueva demanda. Del total de 6.766 plazas financiadas por el Estado, 1.318 corresponden a los 23 establecimientos propios de SENAMA y 5.448 a 147 hogares subsidiados de fundaciones y corporaciones.
La red propia mantiene una ocupación superior al 90% desde 2023 y, de los 1.901 cupos liberados entre 2015 y julio de 2026, nueve de cada diez quedaron disponibles debido al fallecimiento de quien los ocupaba. En consecuencia, la disponibilidad anual de plazas se encuentra estrechamente vinculada a la mortalidad de los residentes, mientras la red aumenta a un ritmo aproximado de 60 plazas nuevas por año.
Cuatro hallazgos sobre la red pública
Al 31 de julio de 2026, 346 personas mayores esperaban un cupo, 144 de ellas desde hace más de un año y 46 desde hace más de 900 días. Sin embargo, el análisis advierte que esta cifra representa solo una parte de la demanda registrada.
Desde 2019 se contabilizaron 3.802 postulaciones, pero solo 529 llegaron a incorporarse a la lista de espera. Durante ese período, 1.118 personas fallecieron y 393 trámites vencieron antes de llegar a ella, mientras que otras 296 ingresaron a establecimientos privados, sin que sus condiciones quedaran consignadas en el registro.
El primer hallazgo del análisis es que postular no equivale necesariamente a entrar en una lista de espera, debido a que una parte importante de los trámites termina antes de llegar a esa etapa. El segundo corresponde a la falta de información sobre los tiempos de espera de quienes finalmente ingresan, junto con la ausencia de variables como edad y nivel de dependencia en los registros analizados.
Un tercer hallazgo se relaciona con los ingresos registrados como casos de Violencia Intrafamiliar (VIF). La proporción anotada bajo esta categoría pasó de menos de un tercio hasta 2022 a 38% en 2023, 72% en 2024, 54% en 2025 y 49% en 2026. La radiografía advierte que este campo no acredita por sí mismo la condición de cada persona ni permite distinguir si existen diferencias asociadas a derivaciones judiciales.
El cuarto hallazgo apunta a una dificultad estructural: Chile no cuenta con un catastro nacional actualizado de residencias, ya que el último disponible corresponde a 2015. A esto se suma que los registros de SENAMA, el Ministerio de Salud y el INE no cuentan actualmente con un identificador común que permita cruzar la información de manera integrada. Los datos del Censo 2024 permiten dimensionar parcialmente el fenómeno: se registraron 29.755 personas de 60 años o más viviendo en viviendas colectivas clasificadas como residencias para personas mayores. Sin embargo, la falta de un sistema integrado de información dificulta conocer con precisión la oferta residencial existente y sus características.
De la evidencia a la acción
Más allá del diagnóstico, la radiografía plantea la necesidad de generar respuestas que permitan mejorar las condiciones de seguridad y atención de las personas mayores que viven en establecimientos residenciales.
Tras el incendio de comienzos de septiembre, la discusión se ha concentrado también en los establecimientos que funcionan sin autorización sanitaria. En este escenario, el estudio plantea que cerrar estos recintos sin considerar alternativas para sus residentes puede generar un nuevo problema, debido a la limitada capacidad de la red pública.
Por ello, la Recomendación 20 propone un programa de regularización progresiva y acompañada, que comienza por certificar las condiciones esenciales para proteger la vida —como seguridad contra incendios, vías de evacuación y dotación mínima de cuidado por turno— y establece el cierre y reubicación de quienes se encuentren en situación de riesgo vital. Para los demás establecimientos, plantea una clasificación según nivel de riesgo, itinerarios con hitos verificables y asistencia técnica y formación del personal durante el proceso de regularización.
“Con la red pública llena, cerrar un hogar sin ofrecer alternativa solo traslada a las personas a otra casa igual de precaria; los que ponen en riesgo la vida deben cerrarse hoy, con el Estado a cargo de la reubicación, y los demás necesitan un camino claro y con plazos para entrar a la formalidad antes de que ocurra la próxima tragedia”, señaló el Dr. Zamorano.
A partir de este trabajo, uno de los principales desafíos identificados es precisamente la falta de información integrada sobre las residencias y las personas que requieren este tipo de cuidados. “Uno de los grandes resultados que nosotros obtuvimos, justamente, es la falta de datos. Creo que, si es que nosotros, como universidad y como sociedad civil, nos hacemos cargo de visibilizar esta falta de datos, nos va a poder ayudar a generar nuevos, con el objetivo de poder acompañar a nuestras poblaciones”, sostuvo.
Una demanda que seguirá creciendo
La situación de las residencias públicas se inserta en un escenario demográfico que anticipa una creciente necesidad de cuidados. Durante la presentación, el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad, destacó el aumento de la población mayor y los niveles de dependencia asociados al incremento de la esperanza de vida.
“Hoy día estamos frente a un escenario nuevo, en donde hay prácticamente 3,6 millones de adultos mayores. Entonces, esto va en crecimiento por la expectativa de vida en Chile, que ha aumentado, pero los niveles de discapacidad —y esto lo señala bien el estudio del Núcleo de Envejecimiento— van aumentando y hacen que la última milla, los últimos 11 años de esa expectativa de 81 años que hay hoy día, sean con grados de discapacidad. O sea, va a requerir atención domiciliaria o va a requerir un establecimiento de larga estadía”, señaló.
Frente a este escenario, Castro enfatizó la magnitud del desafío que enfrenta el país. “Frente a esto, Chile está desbordado”, afirmó.
El senador también valoró el aporte de la academia a la discusión pública sobre las necesidades de las personas mayores. “Esto es el cuadro que hoy día se nos refleja y por eso creo que es tan importante que la academia y la Universidad Finis Terrae, en su Núcleo de Envejecimiento, nos hayan mostrado esto”, sostuvo.
Para el Dr. Zamorano, el levantamiento de estos antecedentes debe dar paso a un trabajo de seguimiento que permita comprender cómo evoluciona la situación de las residencias y la demanda por estos servicios. “Los pasos futuros son poder dar un seguimiento a lo que son este tipo de resultados”, señaló.
La radiografía también pone de manifiesto la necesidad de ampliar la información disponible y mejorar su articulación para orientar decisiones públicas. En este sentido, el análisis plantea que la evidencia poblacional puede contribuir a identificar brechas, dimensionar la demanda y diseñar respuestas más adecuadas a las necesidades de las personas mayores.
Con este documento, el Centro de Políticas Públicas en Salud busca contribuir a una comprensión más precisa de la oferta pública de residencias para personas mayores y de las brechas que enfrenta el sistema. La generación de evidencia, el seguimiento de los datos y la articulación entre instituciones aparecen así como elementos necesarios para avanzar hacia respuestas que permitan proteger a las personas mayores y evitar que situaciones de riesgo vuelvan a quedar invisibilizadas.