A través de una Carta al Director publicada en El Mercurio, Valentina Velarde, académica de psicología de la Universidad Finis Terrae, advirtió que el sistema legal chileno expone profundas grietas al mantener la paradoja de declarar “incapacitada por la ley” a una persona plenamente capacitada para aportar a la sociedad.
En su carta, Velarde cuestionó las barreras legales y la falta de criterio en la atención notarial, relatando que le impidieron firmar la constitución de una fundación impulsada por ella misma, exigiéndole un “tutor” y relegándola a poner solo su huella digital. Para la especialista —quien cuenta con un máster en España y dirige el área de Posgrados de su Escuela—, resulta insólito que una profesional autónoma sea anulada jurídicamente por el mero hecho de no ver, ignorando las tecnologías de asistencia con las que ella misma revisó el documento.
Velarde planteó que “confundir los apoyos de la discapacidad intelectual con la discapacidad sensorial no solo revela ignorancia, sino una ciega adhesión a normas del siglo XIX”. Explicó que esta anacrónica aplicación legal desconoce la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —ratificada por Chile en 2008—, la cual consagra la plena capacidad jurídica, manteniendo en la práctica impedimentos para que las personas ciegas puedan firmar o testificar de forma independiente.
La académica concluyó su carta cuestionando que la revisión de estas leyes anticuadas no tenga urgencia en el Congreso —pese a contar con una senadora con discapacidad visual—, y advirtió que, mientras la clase política se desgasta en polémicas estériles, se sigue declarando incapaces por decreto a ciudadanos autónomos: “Si realmente queremos avanzar, necesitamos formar profesionales que sepan discernir con criterio y pongan sus conocimientos al servicio de la dignidad humana”.