Patricio Santos, subdirector técnico del Centro de Seguridad Integral de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, abordó el rol que debe cumplir el Ministerio de Seguridad frente a los desafíos de la delincuencia y el orden público.
En su columna publicada en La Tercera, cuestionó las visiones centradas únicamente en la acción policial. También criticó los enfoques que reducen la discusión a la elaboración de nuevos planes. A su juicio, la seguridad requiere una mirada más amplia. Esta debe incorporar prevención, coordinación institucional y responsabilidad social.
“El Ministerio de Seguridad no es un súper organismo persecutorio (…) su función es coordinar capacidades dispersas del Estado y otorgar coherencia estratégica a instituciones que hoy operan fragmentadas”, sostuvo.
Asimismo, señaló que fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado y otras formas de delincuencia exigen respuestas integrales que combinen persecución penal, prevención y fortalecimiento del tejido social.
Prevención social: la otra dimensión de la seguridad pública
Patricio Santos también abordó la importancia de intervenir tempranamente los factores que favorecen las trayectorias de riesgo social. En esa línea, destacó antecedentes recopilados por el Centro de Seguridad Integral sobre la relación entre deserción escolar y conductas asociadas a la delincuencia.
“La tragedia es que Chile parece discutir obsesivamente el límite superior de la criminalidad mientras abandona progresivamente el origen de las trayectorias de riesgo”, indicó el docente.
El subdirector técnico del Centro explicó que la prevención debe ocupar un lugar central dentro de las políticas de seguridad pública. Para ello, consideró fundamental fortalecer el trabajo conjunto entre establecimientos educacionales, familias, comunidades e instituciones del Estado.
Finalmente, afirmó que los desafíos en materia de seguridad no se resolverán únicamente mediante mayores niveles de control o fiscalización. Por el contrario, sostuvo que es necesario avanzar en políticas que promuevan la cohesión social y reduzcan los factores que favorecen la aparición de conductas delictivas desde edades tempranas.