El académico de la Clínica Jurídica Penal de la Universidad Finis Terrae, Ignacio Pinto, abordó los alcances de la legítima defensa. Esto, luego que el ex ministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, sufriera un violento asalto en modalidad de “turbazo”, ocurrido en su domicilio.
En entrevista con La Mañana Informativa de 24 Horas, el profesor Pinto explicó que las circunstancias son claves para determinar si existe una legítima defensa. El contexto del delito, el horario y el nivel de violencia ejercido por los atacantes son fundamentales para analizar una eventual exención de responsabilidad penal.
El académico indicó que, según los antecedentes, existiría proporcionalidad en la reacción del también profesor de la Facultad de Derecho, Iván Aróstica, frente al asalto. Sin embargo, recordó que este tipo de situaciones deben revisarse caso a caso, considerando especialmente el riesgo que enfrentan las víctimas durante delitos violentos.
La legítima defensa y el uso de armas
El académico de la Universidad Finis Terrae señaló que el caso reabrió el debate respecto al uso de armas por civiles y su flexibilización. Al respecto, advirtió que este tipo de discusiones no deben abordarse desde la emoción ni a partir de hechos puntuales.
“Muchas veces se busca legislar en caliente. Normalmente la norma sale defectuosa, tiene errores y detalles que hacen que al final se termine traduciendo en algo más perjudicial para la seguridad”, afirmó.
El profesor Pinto sostuvo que uno de los principales desafíos para combatir el crimen organizado es fortalecer el control de armas y mejorar la coordinación entre instituciones. En esa línea, aseguró que aumentar las penas no necesariamente inhibe la comisión de delitos. Con todo, el foco debe estar puesto en los sistemas de control y prevención.
Junto a lo anterior, destacó la necesidad de reforzar el trabajo de Carabineros y de los equipos de seguridad municipal. Esto se debe a que muchas veces son los primeros en responder cuando ocurren hechos violentos. Según explicó, enfrentar fenómenos delictuales complejos requiere una coordinación más efectiva entre las distintas instituciones del Estado.