La Ley 20.009 (denominada Ley de Fraudes) ha generado una serie de desafíos al momento de interpretarla y resolver las controversias que puedan surgir entre emisores y usuarios financieros. En este contexto, el Diplomado en Procedimientos y Normativa de los Juzgados de Policía Local de la Universidad Finis Terrae organizó un espacio de reflexión técnica en torno a la legislación.
El conversatorio “Responsabilidad, Fraude y Protección: Análisis Práctico de la Ley 20.009” reunió a especialistas del mundo jurídico para analizar los principales desafíos de la normativa sobre fraude financiero. Su principal enfoque estuvo ligado a protección del consumidor, prevención de delitos y responsabilidad de las instituciones financieras.
La actividad contó con la participación de actores relevantes del mundo público y privado. Los expositores fueron: Guillermo Guzmán Paz, subdirector de Consumo Financiero del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC); Gonzalo Díaz de Valdés, jefe de Prevención de Riesgos Transaccionales de Banco Santander Chile; con moderación de los profesores de la Facultad, María Rebeca Ahumada y Eugenio Labarca.
Durante la jornada, se analizaron las dificultades prácticas que presentó la Ley 20.009 desde sus reformas más recientes. Ahí se remarcó que el objetivo era alcanzar un equilibrio entre la protección de consumidores y las obligaciones que recaen sobre bancos y emisores financieros.
Ley 20.009 sobre fraude financiero y prevención de delitos
Guillermo Guzmán Paz explicó que la normativa buscó establecer criterios para determinar cuándo existió un fraude y cuándo podrían configurarse casos de autofraude. “La ley no trató de generar un perjuicio para la banca, sino establecer ciertos parámetros que determinan cuándo pudo existir un autofraude. Por eso resultó necesario revisar las operaciones y fijar criterios claros para identificar estos casos”, señaló.
El representante del SERNAC sostuvo además que aún persisten los desequilibrios en la relación entre consumidores y proveedores financieros. “Seguimos viendo una relación asimétrica. Muchos consumidores no son personas altamente capacitadas en materias financieras y no siempre comprenden completamente cómo operan estos sistemas”, afirmó.
Impacto económico y social del fraude financiero
Gonzalo Díaz de Valdés advirtió que el fraude afectó directamente la confianza en el sistema financiero y a miles de personas víctimas de estos delitos. “Cuando hablamos de fraude no hablamos solo de cifras. Hablamos de dinero real que afecta directamente a personas y a la confianza en el sistema financiero y la economía”, indicó.
El especialista agregó que, pese al desarrollo de herramientas de ciberseguridad, autenticación biométrica y sistemas de monitoreo conductual, las personas continuaron siendo el principal foco de vulnerabilidad frente a este tipo de delitos. “Uno puede implementar múltiples mecanismos de seguridad, pero el eslabón más débil siempre fue la persona”, sostuvo.
Por su parte, el profesor Labarca destacó la importancia de fortalecer la educación digital y financiera de la ciudadanía frente al crecimiento de los sistemas electrónicos de pago. “La clave es educar, educar y educar, porque avanzamos hacia un mundo completamente digital y necesitamos preparar a las personas para enfrentar estos riesgos”, señaló.
La actividad permitió generar un espacio de reflexión académica y discusión práctica sobre la aplicación de la Ley 20.009 de fraude financiero. Además, se destacó la necesidad de continuar perfeccionando la regulación, fortalecer la prevención y avanzar en mecanismos que resguarden adecuadamente a consumidores y usuarios financieros.