En el inicio de su discusión parlamentaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió a diversos expositores para abordar el proyecto “Escuelas Protegidas“. El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Joaquín Palma, participó en calidad de experto en Derecho Constitucional para analizar la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Este proyecto busca principalmente reforzar la seguridad y autoridad en los establecimientos educacionales. Entre las medidas contempladas se encuentran la revisión de mochilas, prohibición de ocultar el rostro e inhabilitar el acceso al beneficio estatal de la gratuidad universitaria por cinco años en caso de que la persona presente antecedentes por delitos graves contra personas, propiedad e infraestructura.
Con todo, el académico señaló que “para que una medida que va a afectar derechos fundamentales resulte constitucional debe constar de cuatro factores”. Esto son: “contar con un fin legítimo, una necesidad, debe ser idónea y poseer un sentido estricto de proporcionalidad”.
Facultades del proyecto Escuelas Protegidas
Ninguna medida, por muy justificada que parezca, puede eliminar un derecho en su contenido esencial y por tanto, no sería proporcional, según el académico. Sobre la revisión de mochilas existirían tres derechos en tensión: el derecho la intimidad y la vida privada; el derecho a la honra; y el derecho de igualdad – no discriminación.
Asimismo, indicó que el fin legítimo del proyecto Escuelas Protegidas, es la protección de la integridad de la comunidad educativa y del proceso educativo, por lo que no busca un objetivo inconstitucional. Por tanto, según el factor de la idoneidad, es una medida que puede existir porque permite detectar objetos peligrosos y actúa preventivamente.
Por otro lado, una de las medidas más importantes a analizar fue la inhabilidad del acceso a la gratuidad por antecedentes de delitos graves. Dentro de los derechos que estarían en tensión a causa de esta medida, se encuentran: el derecho a la educación y de la igualdad ante la ley versus el derecho al uso legítimo de recursos públicos y a la responsabilidad Individual.
Finalmente, el docente señaló que: “la etapa inicial del proyecto está redactada en superar un test de proporcionalidad“. Así, “se trataría de una herramienta que está reglada y es de prevención, porque protege la constitución”, puntualizó.