El pasado 23 de marzo, la Contraloría General de la República reveló un informe donde se detectó que más de 900 funcionarios públicos realizaron apuestas en casinos pese a tener prohibición legal. Por esto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Tomás Valenzuela, aclaró el marco normativo vigente y las sanciones a las que se exponen quienes infringen la ley.
Consultado sobre la materia legal en Radio Cooperativa, el académico explicó que: “el artículo 10 de la ley de casinos establece que no podrán apostar en ellos aquellos funcionarios que tengan a su cargo la custodia de fondos públicos, entendiéndose por custodia también la administración de ellos”.
Por lo tanto, Valenzuela indicó que el objetivo de esa normativa es resguardar el uso correcto de los recursos del Estado ya que, se podría generar confusión respecto de dónde provienen los fondos que se utilizaron en las apuestas.
Con ello, el académico hizo hincapié sobre las consecuencias de incumplir la disposición legal. “Estos funcionarios, al infligir una de las obligaciones que establece la ley, se exponen a sanciones disciplinarias”.
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