El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Joaquín Palma, analizó la propuesta del Gobierno denominada “Escuelas Protegidas”. En su columna de opinión publicada en La Tercera, “Gratuidad universitaria y responsabilidad”, abordó sus implicancias desde el punto de vista constitucional.
El proyecto de ley busca hacer frente a los hechos de violencias ocurridos durante los últimos años en establecimientos educacionales. En él se incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria: no haber sido condenado por delitos graves contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública.
Bajo ese contexto, Palma explicó que una correcta aproximación constitucional requiere distinguir entre derechos adquiridos y expectativas legítimas. “No es posible sostener que exista un derecho adquirido” a acceder a este beneficio en el futuro, ya que su otorgamiento depende de los requisitos que establezca la ley en cada momento, indicó.
Asimismo, señaló que la gratuidad no constituye un derecho absoluto, sino un beneficio estatal sujeto a condiciones definidas por el legislador. Además, la incorporación de nuevas exigencias no implica necesariamente una vulneración al derecho a la educación, ya que lo que se regula es el acceso a un beneficio financiado con recursos públicos.
Debate constitucional sobre restricciones a la gratuidad
Respecto a las críticas que califican la medida como una sanción adicional, Palma explicó que no toda consecuencia derivada de una condena penal tiene carácter punitivo. Esto se debe a que puede tratarse de criterios objetivos utilizados para definir el acceso a ciertos beneficios.
Por esto, el académico sostuvo que la propuesta contempla elementos que refuerzan su carácter no punitivo, como su duración limitada, su aplicación a delitos de mayor gravedad y la existencia de excepciones. En esa línea, Palma afirmó que existen “argumentos plausibles para sostener que así ocurre”, dentro de los márgenes constitucionales.